POLÍTICA EXPRÉS | * Bloqueos del campo exhiben riesgos de una ley de aguas centralista y sin certidumbre
La propuesta de nueva Ley General de Aguas Nacionales ha detonado una crisis social que se extiende por decenas de estados, donde productores y campesinos bloquean carreteras para exigir un marco legal justo. No rechazan la regulación, sino demandan reglas claras que garanticen agua para la población sin destruir la producción de alimentos.
El país vive la peor crisis hídrica de su historia. Sequías prolongadas, acuíferos sobreexplotados y desigualdad creciente en el acceso convierten al agua en un recurso disputado. Sin embargo, una ley mal diseñada puede profundizar el problema: palabras ambiguas, criterios discrecionales y facultades excesivas para la autoridad despiertan temores legítimos.
Productores, ejidatarios e indígenas denuncian que la iniciativa permite a Conagua revocar concesiones sin procesos claros, indemnización ni derecho efectivo de apelación. Para un agricultor familiar, perder un pozo por interpretaciones vagas de “uso indebido” sería devastador. Este riesgo amenaza directamente la soberanía alimentaria del país.
Las protestas masivas en al menos 22 estados exhiben un malestar acumulado. Campesinos temen que la eliminación de transmisiones de concesiones reduzca el valor de sus tierras y quiebre la continuidad productiva. Para miles de familias, heredar un título hídrico es garantizar trabajo, alimentos y arraigo, no un privilegio empresarial.
Organizaciones indígenas reclaman que la propuesta ignora la consulta previa obligatoria establecida en el Convenio 169 de la OIT. Sin ese requisito, cualquier cambio legal violaría derechos colectivos y profundizaría décadas de despojo. Una ley moderna no puede nacer sin participación real de quienes han protegido los territorios más vulnerables.
El diagnóstico no es positivo: la ley vigente de 1992 fracasó. Concentró poder, permitió el acaparamiento y convirtió el agua en mercancía para industrias privilegiadas. Hoy, 3 mil 300 grandes usuarios privados controlan una quinta parte del recurso concesionado, mientras millones carecen de agua potable diaria. El modelo requiere corrección urgente.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum pretende revertir esos abusos priorizando el derecho humano al agua y combatiendo mercados ilegales. Sin embargo, especialistas alertan que la propuesta fortalece a Conagua sin contrapesos independientes. Sin definiciones técnicas precisas, cualquier sanción podría ser arbitraria, abriendo espacio para corrupción, discrecionalidad y presiones políticas.
Lo indispensable es construir certidumbre jurídica: procedimientos de apelación imparciales, reglas transparentes y estímulos para la eficiencia hídrica. No basta con castigos; deben incorporarse incentivos para modernizar el riego, ahorrar agua y promover tecnologías accesibles. México necesita un equilibrio entre justicia social, productividad agrícola y sostenibilidad a largo plazo.
El Senado ya reconoce fallas y promete ajustes, tras escuchar a cientos de expertos en foros públicos. Versiones alternativas proponen mayor participación comunitaria, excepciones para herencias familiares y mecanismos de gobernanza compartida. Estos avances son positivos, pero insuficientes si el dictamen busca aprobarse a toda prisa antes del 15 de diciembre.
México requiere una nueva ley de aguas, pero no una que fracture al campo ni convierta a la autoridad en juez y parte. Una aprobación precipitada agravará conflictos, reducirá la producción agrícola y pondrá en riesgo el abasto urbano. El país merece una legislación justa, precisa y construida con quienes dependen del agua para vivir.
