Legislatura de #Oaxaca: 80% sumisión a Jara, 100% de opacidad y cero impacto de leyes contra pobreza
Con un acto faraónico, la 56 Legislatura de Oaxaca celebrará esta tarde de 8 de noviembre, en la Alameda de León de la capital, el «gran trabajo» que ha realizado, en su Primer Informe 2024, aunque en los hechos su productividad real haya sido mediocre y dependiente del Ejecutivo. Aprobó 609 instrumentos legales, pero el 90% son trámites rutinarios, como 570 Leyes de Ingresos Municipales. Este alto volumen oculta una inercia legislativa crítica.
Liderada por Benjamín Viveros Montalvo, sobrino del mandatario estatal, la 56 Legislatura dará a conocer que el 80% de los dictámenes aprobados provienen de iniciativas impulsadas por el gobernador Salomón Jara. Esta abrumadora cifra revela una clara sumisión de la Legislatura al Poder Ejecutivo, sugiriendo que el Congreso es, en la práctica, un mero apéndice o validador de las decisiones del gobierno estatal en turno.
El Congreso oaxaqueño dispone de un presupuesto de 593.9 millones de pesos, pero asigna una cantidad ridícula a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASFE): solo 7-10%. Esta asignación es muy inferior al 26% recomendado por el IMCO, lo cual compromete seriamente la fiscalización efectiva de los recursos públicos.
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) reporta un atraso preocupante en la comprobación de recursos municipales. De 570 ayuntamientos, solo dos han cumplido con las modificaciones presupuestales de 2024. La Legislatura ignora este caos administrativo que fomenta desvíos impunes, priorizando reformas federales.
La aprobación unánime de homologaciones federales, como la reforma judicial en septiembre de 2024, demuestra que la Legislatura prioriza la agenda nacional por encima de los graves problemas locales. Este enfoque político diluye su atención a las necesidades urgentes y genuinas de la ciudadanía oaxaqueña.
La Legislatura exhibe una ineficiencia evidente en la creación de leyes con sello propio. Solo el 16.6% de las propuestas generadas por los propios diputados llegan a dictaminarse. Además, sus 162 sesiones y 58 comparecencias están por debajo de los promedios nacionales, marcando un rezago comparativo con otras entidades.
Cada uno de los 48 diputados representa un costo anual de 12.4 millones de pesos. El 74% del presupuesto se destina a gastos operativos básicos. Además, el subejercicio crónico en vigilancia y la falta de transparencia (solo 20% de comisiones transmitidas) evidencian una preocupante opacidad.
Por eso, el informe que será presentado en unas horas en el Zócalo de Oaxaca capital, con todo y daños a la cantera de la explanada de Catedral, será un acto propagandístico de fachada. Su festejo busca justificar trabajo ante la próxima votación para revocarle el mandato al gobernador Jara. La Legislatura busca blindar al Ejecutivo, usando la ley para asegurar su continuidad en el poder.
Oaxaca ocupa el último lugar en el Índice de Competitividad Estatal (IMCO 2024), con mínima inversión extranjera y complejidad económica nula. La 56 Legislatura no ha impulsado reformas de fondo para combatir el 60% de pobreza, demostrando que su actuación es irrelevante para el desarrollo de la entidad, una de las tres más pobres del país.
A pesar de contar con una mayoría de mujeres en las curules, Oaxaca es último en equidad de género (IMCO 2024). No se observan avances reales en leyes que mitiguen la brecha laboral o la violencia contra la mujer. El Congreso celebra logros mientras persiste el estancamiento y la impunidad.
