Crisis de derechos humanos en Oaxaca: juventudes enfrentan desapariciones, violencia y exclusión, denuncian organizaciones civiles; urgen atención
En Oaxaca, las juventudes enfrentan una crisis profunda en materia de derechos humanos que se refleja en la desaparición de más de 900 mujeres, en su mayoría jóvenes de entre 12 y 29 años, durante el sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz (2022-2025). Esta situación ha generado una respuesta contundente por parte de 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, quienes emitieron un pronunciamiento conjunto para visibilizar y abordar esta problemática. La declaración destaca la urgencia de atender las múltiples formas de violencia que afectan a este sector de la población, cuya situación pone en riesgo su bienestar y su futuro.
Las juventudes oaxaqueñas viven inmersas en un contexto de violencias estructurales marcadas por la discriminación, la desigualdad de género, clase social, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y territorio. Estas condiciones generan un impacto devastador en su salud emocional, sus oportunidades de desarrollo y su calidad de vida. Organizaciones como el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Corazón Mixteco, Diálogos Adolescentes y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) subrayan que las desapariciones, la criminalización y la violencia institucional son solo algunas de las manifestaciones de esta crisis, que requiere soluciones integrales y con perspectiva de derechos humanos.
Uno de los datos más alarmantes es el registro de más de 900 desapariciones de mujeres durante la actual administración, según el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. La mayoría de estos casos permanecen sin resolver, perpetuando la impunidad y agravando el dolor de las familias, quienes enfrentan revictimización, falta de protocolos con enfoque de género y negligencia sistemática por parte de las autoridades. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y prevención, así como de garantizar justicia y reparación integral para las víctimas y sus seres queridos.
En el ámbito laboral, las juventudes oaxaqueñas enfrentan condiciones de explotación y exclusión. Según el INEGI, el ingreso promedio de una persona joven en Oaxaca es de aproximadamente 33.8 pesos por hora, pero muchas trabajan sin contrato, sin acceso a seguridad social ni prestaciones laborales. Esta precarización empuja a numerosas personas jóvenes a migrar, incorporarse a economías informales o, en casos extremos, a actividades ilícitas como el crimen organizado o las fuerzas armadas, como únicas alternativas para su subsistencia. Estas dinámicas reflejan una falta de políticas públicas efectivas que promuevan empleos dignos y oportunidades reales para las juventudes.
Las juventudes afrodescendientes, indígenas y de la diversidad sexogenérica enfrentan barreras adicionales debido al racismo, la discriminación lingüística, el despojo territorial y la hostilidad en espacios laborales y educativos. Las comunidades indígenas y afrodescendientes ven sus formas de vida, culturas y saberes comunitarios invisibilizados o estereotipados, sin acceso a políticas públicas que respeten sus cosmovisiones. Por su parte, las personas trans, no binarias, lesbianas y gays a menudo se ven obligadas a recurrir al trabajo informal o sexual desde edades tempranas, enfrentando entornos laborales carentes de derechos y con alta exposición a violencias múltiples, lo que agrava su vulnerabilidad y limita sus oportunidades de desarrollo.
