CONTRAFUEGO … «Ejército, lealtad a prueba» por Aurelio Ramos Méndez
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El caso Ayotzinapa ha puesto a prueba la lealtad e institucionalidad del Ejército. En serio, no del modo retórico como estos conceptos han sido históricamente usados en nuestro medio.
En la última semana abortaron incitaciones a la rebelión, larvadas entre quienes buscan impunidad, pero la instigación persiste.
Está por verse, además, si en los 10 terabytes de información robada por el grupo de jáqueres Guacamayas se incluyen revelaciones que impeliesen a la indisciplina o, peor aún, la revuelta a implicados en ilícitos.
La desaparición de los 43 normalistas causó en el inicio una leve fisura en las fuerzas armadas, debido a la ya desde entonces presumible participación por acción, pero a título personal, o por omisión de militares –algunos de alta graduación– en aquel deplorable suceso.
Los presuntos responsables, obviamente, buscaron cobijo en las filas verde olivo, entre las cuales han resistido ocho años las protestas de padres de los estudiantes y la opinión pública.
En algunos momentos la fisura ha estado a punto de convertirse en fractura; pero el informe de la Comisión de la Verdad, con sus crudas imputaciones a soldados y jefes, impactó en el generalato con la potencia de un asteroide.
A la búsqueda de impunidad de los probables o reales intervinientes en aquella masacre, se han sumado intereses de otros mandos en cuestionables andanzas en diversos puntos del país. Y, juntos, son dinamita.
En modo alguno aquella tragedia puede ser imputable al ejército como institución. Atañe a unos cuantos, que en afán de salvar su pellejo pretenden dar la impresión de descrédito a todo el estamento militar. Apuestan a despertar ambiciones y engatusar desquiciados.
El zarandeo ha puesto en tesitura muy difícil el liderazgo del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
El divisionario ha tenido que defender la institución y, a la vez, lidiar con las manzanas podridas dentro del huacal.
De manera adicional se ha visto obligado a capotear las presiones de la oposición política, que se siente ante una oportunidad de oro para intentar divorciar –o al menos malquistar– al ejército y el gobierno legítima y democráticamente constituido.
Delirantes voceros opositores ya hablan de manotazos del general Sandoval en juntas de gobierno.
Y de amenazas de dejar botada la seguridad pública “para ver qué hacen los civiles” con esa hidra de mil cabezas que es la delincuencia.
¿Quién alimenta la propensión al chisme de estos voceros oficiosos, entre quienes se cuentan prolíficos novelistas que posan de historiadores serios como Héctor Aguilar Camín?
¿Quién le filtró a Reforma y Peniley Ramírez el informe sin testar de la Comisión de la Verdad, el cual propició enredos sobre el número y rango de militares involucrados, y suspicacias respecto a la genuina voluntad de justicia del Ejecutivo?
¿Quién o quiénes han facilitado declaraciones y entrevistas que jefes en entredicho han dado en instalaciones militares, algo si no ilegal por lo menos insólito?
¿Quién autorizó ese alarde de derecho de defensa y libertad de expresión que le permitió al periodista Jorge Fernández Menéndez ingresar a la prisión del Campo militar número uno para entrevistar al general José Rodríguez Pérez?
El conductor de Todo personal –conocido en Oaxaca desde los tiempos de Heladio Ramírez y Diódoro Carrasco–, presentó la entrevista con quien era jefe del cuartel de Iguala como primera de varias con acusados por el caso Ayotzinapa.
Con desembozada parcialidad y ausencia de ética, no se concretó a preguntar sino, de entrada, adelantó su opinión en el sentido de que las acusaciones en contra de Rodríguez Pérez “son infundadas y no están sustentadas en prueba alguna”.
El periodista dijo que la entrevista fue producto de la gestión de los abogados del general. Tómese con reservas. Los vínculos de Fernández Menéndez con militares son conocidos.
Le debe tal vinculación entre otros a Carrasco Altamirano, quien como gobernador le permitió conocer expedientes de importantes asuntos de gobierno oaxaqueño.
Posteriormente, ya como secretario de Gobernación el cuicateco lo acercó aún más con mandos de la Sedena y la Marina, de quienes Fernández consiguió hacerse consentido e infaltable en convites y paseos marítimos.
La maniobra ahora es clara. Quienes se empeñan en demoler la 4T saben que, sin pueblo atrás y sin la fuerza que representan los militares, el presidente López Obrador sería un bocado fácil de engullir.
Esta certeza explica por qué, entre otras cosas, la oposición lleva cuatro años torpedeando la conferencia matutina, vínculo del tabasqueño no con los medios convencionales –en su mayoría saboteadores de su causa—sino con la fuerza popular que lo sentó en la silla.
La mañanera es recurso para mantener viva y atenta la base de sustentación electoral del obradorismo. Y el Ejército, legítimo y poderoso aliado del Jefe del Estado.
De ahí que quienes se afanan en desplazar el gobierno o buscan impunidad, hacen hasta lo imposible, incluida la infamia de aprovechar la tragedia de los 43 jóvenes para tratar de apartar de la institucionalidad al Ejército.
Juegan con fuego. Atizan de modo irresponsable la hoguera como medio para eludir la cárcel o tratar de consumar sus ambiciones políticas.
BRASAS
Chismes y nada más han sido, hasta ahora, las “revelaciones” del jaqueo de Guacamaya al Ejército, a juzgar por lo publicado por el diario español El País.
Los periodistas Jacobo García y Elías Camhaji revisaron cuatro millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuentas y notas informativas, a los cuales tuvo acceso dicho periódico.
La primera entrega, que en periodismo se presume el meollo de la información disponible, da para desatar una guerra con chinampinas pero no para socavar un gobierno.
Las filtraciones detallan que las tareas del extinto Estado Mayor ahora las realiza “un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete”.
Que “miembros de la Sedena son los encargados de hacer el seguimiento médico del Presidente, su esposa y sus hijos”.
Que, además, “se encargan de las pruebas PCR de covid-19 y de las terapias físicas que habitualmente el mandatario realiza en las instalaciones del Heroico Colegio Militar”.
Y que tienen “el encargo de entregar en mano solo al presidente los resultados de las pruebas médicas”.
El dato más elocuente –¡eureka!— devela que “hasta la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, confió en la Sedena el tratamiento médico para la cura de la covid en 2020”.
Este grupo de militares se encarga de funciones domésticas en Palacio Nacional, “como cambiar las plantas cada tres meses”.
Y de “revisar las cámaras de seguridad de Palacio Nacional” y “otras ocho cámaras instaladas en su casa de Tlalpan”.
Quizá el hallazgo más inquietante es que, en el críptico lenguaje militar, el achacoso jefe supremo es nombrado “Zeus” y su esposa “Aura”…
De acuerdo con El País, el jaqueo “sacó a la luz detalles menores” –como si los otros fuesen genuinas bombas –, como que personal militar compró boletos para que el secretario Sandoval asistiese a un concierto de Gloria Trevi.
Y que soldados bordaron en toallas los monogramas del general y su esposa.
Entre lo más grave, “revela” actividades militares que, como las brujas, aunque uno no las vea sabe que existen.
Por ejemplo, “un control permanente de actores políticos relevantes” y de “movimientos sociales como el zapatismo”.
Y, también, “de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional”, aunque –¡vaya decepción!– “la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública”.
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Dice más del talante de los dirigentes del PAN y sus parientes y allegados el intento de asesinato a cuchilladas de Daniel Tabe a un empleado público, que todos los discursos de Gómez Morín, Castillo Peraza y otros ideólogos.
El violento episodio ocurrió en la colonia Condesa y denotó prepotencia, corrupción, mendacidad, hipocresía, cinismo, estulticia y necedad de una de las más prestantes familias del panismo.
Prepotencia, porque el provecto Daniel Tabe le colocó en el cuello un cuchillo cebollero a un modesto empleado del Instituto de Verificación Administrativa capitalino que sólo cumplía su trabajo de colocar sellos de clausura en la taquería Don Eraki.
Corrupción, porque el negocio estaba siendo clausurado en atención a denuncias vecinales relativas a que fue instalado y abierto previo cambio ilegal de uso del suelo, que pasó de habitacional a comercial.
Mendacidad, pues tras el intento de asesinato el alcalde Mauricio Tabe –vástago del potencial homicida–, salió a las redes a jurar que el negocio no es de su familia y mucho menos que él forma parte del mismo, lo cual fue desmentido con documentos públicos.
El reportero Armando Yeferson publicó que, según el Registro Público de la Propiedad, los accionistas son los padres del alcalde con 20 por ciento cada uno; su hermano, con 20 por ciento; otra persona de apellido Tabe, con 20 por ciento; y el señor alcalde con el otro 20 por ciento.
Hipocresía, porque develada la ralea familiar el titular de la alcaldía Miguel Hidalgo denunció “una campaña para atacar e intimidar” a su dinastía y que el gobierno usa las instituciones “para oficializar sus mentiras”.
Cuando ya estaban enteramente viringos ante la opinión pública, el violento Daniel no tuvo más remedio que reconocer su proceder, pero instalado en la estulticia de hacer creer que el negocio es enteramente suyo, fruto de toda una vida de trabajo.
El retoño del energúmeno, Mauricio, se empeñaba entretanto en lamentar, pero asimismo justificar con cinismo la reacción de su padre, culpando con necedad al gobierno.
Entre las muchas reflexiones que inspira este caso de “no sabes con quien te están metiendo” resalta la de que, frente al resto de los mexicanos, los dirigentes panistas no se sienten iguales ante la ley.
RESCOLDOS
Pobres Tamaulipas. En las últimas tres décadas la renovación de gobernador allá solo ha significado cambiar a un delincuente por otro. Los más notables, Francisco García Cabeza de Vaca, Eugenio Hernández, Tomás Yárrington y Manuel Cavazos. Este viernes el panista Cabeza de Vaca pasó de gobernante a prófugo de la justicia, acusado junto con su vasta parentela de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Entró al gobierno el salinista por herencia Américo Villarreal Anaya, hijo de Américo Villarreal Guerra, senador y gobernador de ese estratégico estado en tiempos de Carlos Salinas…
En el PAN es más castigado ejercer la libertad amparada en la Constitución, que tener un extenso prontuario delictivo. La diputada Nora Jéssica Lagunes ya fue expulsada de ese partido en Veracruz, debido a que votó a favor de la denominada “Ley Nahle”. Pero sigue siendo orgulloso panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien, hasta el sol de hoy y aun en su condición de prófugo de la justicia, sigue amorosamente amparado por el blanquiazul…
Duro, pero merecido mentís le asestó el petista José Narro a la panista Lilly Téllez. “Si tiene algo que denunciar, hágalo ante las autoridades correspondientes”, le dijo. No es para menos. La protagónica senadora lo llamó integrante del brazo legislativo del crimen organizado. Y, es cierto: de un legislador que conoce de algún delito se esperar que lo denuncie no en los medios, sino ante el ministerio público…
El periodista Oscar Gastelum sigue agachadito. Soslaya el reto de López Obrador consistente en que aporta pruebas de que este gobierno “está construyendo un narcorrégimen militarizado” y él renuncia a la Presidencia, o de lo contrario Gastelum deberá ofrecer disculpas. En Letras Libres éste aseguró que él “ya sabía” que Amlo construye tal régimen. Pero que le resultó perturbador “el cable confidencial” en que el embajador gringo “le advierte a su gobierno que la secta obradorista está usando dinero del narco para la campaña del Edomex”. Sí, aludió a los reportes dizque firmados por el diplomático, de los cuales éste ya dijo: “Esos cables no son de los Estados Unidos, punto”…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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