Un sobrino de Salomón Jara y otros particulares, detrás del millonario contrato para sonorizar eventos de la Guelaguetza
El Gobierno de Oaxaca destinó 21 millones 460 mil pesos para la sonorización de seis actividades de la Guelaguetza 2025, mediante un contrato adjudicado a la empresa Promotora de Eventos y Artistas Rowen S.A. de C.V.
Sin embargo, en los eventos realizados aparecieron otras firmas y particulares prestando el servicio, entre ellos Vídeo y Winners Oaxaca, propiedad de Adrián Jara, sobrino del gobernador Salomón Jara Cruz.
De acuerdo con la legislación vigente, está prohibida la subcontratación o subarrendamiento en contratos gubernamentales. Las empresas adjudicatarias deben contar con la capacidad técnica y operativa para ejecutar los trabajos.
En este caso, no hay evidencia de que Promotora de Eventos haya cumplido con los servicios por cuenta propia. Tampoco se ha demostrado su existencia legal ni fiscal, y los contratos no han sido publicados ni transparentados, denunció en redes sociales el artista plástico Mario Osiris Benavides Morin.
Uno de los puntos más cuestionados es el costo promedio por evento: más de 3.5 millones de pesos por actividad de sonorización, cuando el mercado ofrece estos servicios por menos de 500 mil pesos.
Esto, según Benavides, apunta a un posible sobreprecio deliberado y a irregularidades en el proceso de adjudicación. También señaló que Vídeo y Winners Oaxaca, pese a afirmar que ha trabajado con gobiernos desde hace más de cinco años, no está registrada como persona moral ante las autoridades fiscales.
Las licitaciones ganadas por Promotora de Eventos presentan además características de simulación, con diferencias mínimas entre su propuesta y las de otras compañías participantes, lo que levanta sospechas sobre la autenticidad del concurso.
Hasta ahora, no se ha aclarado si existió tráfico de influencias ni cuántos contratos ha recibido esta empresa. Las autoridades estatales han guardado silencio ante las solicitudes de información pública, mientras los documentos oficiales siguen sin publicarse.
La falta de transparencia, los vínculos familiares y políticos, así como las inconsistencias técnicas y legales, alimentan la sospecha de corrupción, favoritismo y simulación en el uso de recursos públicos para la máxima festividad cultural del estado.
