Un presunto jefe criminal acusa al alcalde y exalcalde de Juchitán, #Oaxaca, por vínculos con crimen organizado
Un post en Facebook atribuido a un supuesto líder criminal conocido como “Comandante Deshuesado” ha generado controversia en las redes, al acusar directamente a Miguel Sánchez Altamirano, actual alcalde de Juchitán, Oaxaca, y a Emilio Montero Pérez, director del IEEPO y exalcalde del mismo municipio, de colusión con el crimen organizado. El mensaje alega que reciben protección de autoridades federales a cambio de dinero, impidiendo investigaciones.
El comunicado, dirigido al gobierno y a los habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec, critica la inacción de instituciones como la AEI, Sedena y Semar. Acusa a “Renco” o “Fayo” (aparentemente alias de Montero Pérez) de esconderse y mentir, y menciona a Iván Sánchez “Cromo” como su operador. Amenaza con represalias violentas contra sus familias por daños colaterales a inocentes.
Según el post, el autor afirma haber intentado asesinar a “Fayo” recientemente, pero desistió por presencia de civiles. Advierte que por cada víctima inocente causada por los acusados, responderán atacando a sus allegados, incluyendo hijos. Invita al pueblo de Juchitán a denunciar pérdidas familiares para su conocimiento, porque duda que actúen las instancias oficiales.
El mensaje concluye advirtiendo a otros grupos criminales locales a no interferir, señalando que la lucha es por el pueblo. Denuncia que “Fayo” no es más que un cobarde afiliado al CJNG. Este tipo de publicaciones se enmarcan en un contexto de violencia creciente en Juchitán, con acusaciones previas contra estos funcionarios por nexos con cárteles.
Recientes eventos en la zona, como la quema de vehículos y autobuses el 22 de febrero de 2026, se vinculan a reacciones tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG. Autoridades han desplegado operativos como “Cazador” para restaurar la paz, aunque persisten temores por escalada de conflictos entre grupos delictivos y políticos locales.
Expertos en seguridad advierten que estas acusaciones públicas en redes sociales, si bien no son prueba alguna contra ambos funcionarios, la Fiscalía General de la República debería abrir una carpeta de investigación de oficio para investigarlos, ya que la inacción de las autoridades podría intensificar la violencia en el Istmo, donde se reportan pactos históricos entre autoridades y crimen organizado.
