UABJO, sin fiscalizar más de 100 millones de pesos de cuotas que manejan directores de escuelas y facultades
La UABJO enfrenta un añejo foco de opacidad por el manejo de entre 100 y 150 millones de pesos anuales provenientes de inscripciones, mantenimiento y servicios educativos, recursos que permanecen bajo control de escuelas y facultades sin una rendición de cuentas pública, clara y verificable.
De acuerdo con reportes de catedráticos y estudiantes, la mayor parte de esos ingresos no llega a la administración central. Mientras las inscripciones y reinscripciones aportarían poco más de 11 millones de pesos a la rectoría, las denominadas cuotas de mantenimiento y apoyo a servicios educativos permanecen principalmente en las unidades académicas.
Las cuotas de mantenimiento alcanzarían entre 15 mil y más de 25 mil pesos por estudiante, con una recaudación estimada en al menos 100 millones de pesos anuales. Sin embargo, académicos consultados aseguran desconocer cuánto se recauda realmente, cómo se administra y en qué se gastan los recursos.
A esos ingresos se suman los obtenidos por maestrías, doctorados, diplomados y cursos. En la Facultad de Derecho, algunas maestrías superarían los 80 mil pesos, mientras en Medicina y el Instituto de Ciencias de la Educación rondarían los 50 mil pesos, generando bolsas adicionales cuyo destino tampoco resulta plenamente transparente.
La situación es señalada particularmente en Medicina, Enfermería, Derecho e Idiomas, donde la matrícula y la oferta de posgrados representan fuentes importantes de ingresos propios. Las versiones internas describen un esquema en el que los directores disponen de los recursos con amplios márgenes de discrecionalidad y escaso escrutinio institucional.
El problema no es solamente cuánto dinero se recauda, sino quién lo controla, bajo qué reglas, con qué comprobantes y ante qué instancia debe rendir cuentas. Si los ingresos derivados de cuotas estudiantiles no aparecen de manera integral en los mecanismos de transparencia institucional, existe una zona financiera que permanece prácticamente fuera del escrutinio público.
Esta práctica, de acuerdo con los señalamientos, habría permanecido durante décadas y constituiría un bucle de opacidad que ninguna administración universitaria habría enfrentado de manera integral. El transcurso de aproximadamente medio siglo sin una fiscalización suficiente convertiría el problema en una estructura institucionalizada, más que en casos aislados.
La preocupación adquiere mayor dimensión frente a los antecedentes recientes de la universidad en materia financiera. El exrector Cristian Carreño López enfrenta una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por un presunto daño patrimonial cercano a 102 millones de pesos.
La observación corresponde al ejercicio fiscal 2024 y está relacionada con la contratación de personal mediante esquemas de subcontratación considerados irregulares. Según la información proporcionada, los proveedores realizaban tareas administrativas, académicas y financieras ordinarias, pese a las restricciones establecidas por la reforma laboral sobre subcontratación.
Las denuncias penales promovidas por la ASF forman parte de un conjunto de investigaciones relacionadas con posibles irregularidades por más de 600 millones de pesos en distintas instituciones. El caso de la UABJO permanece sujeto al procedimiento correspondiente, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las investigaciones y autoridades competentes.
Ante este escenario, resulta indispensable una auditoría integral de los ingresos propios de cada escuela y facultad, que incluya matrículas, cuotas de mantenimiento, posgrados, diplomados y cursos. La universidad debe conocer cuánto dinero se recauda, dónde se deposita, quién lo administra, cuánto se gasta y en qué conceptos.
Mientras esos recursos permanezcan fuera de un sistema homogéneo de control, comprobación y transparencia, la UABJO mantendrá una asignatura pendiente con su comunidad estudiantil.
