Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca registra una crisis inédita; Berenice Ramírez Jiménez podría ser destituida
El pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) enfrenta un clima de tensión ante el posible cese de la magistrada presidenta, Berenice Ramírez Jiménez. Esta acción ha sido impulsada tras la suspensión abrupta de la sesión del 3 de enero, donde se planeaba discutir una auditoría a su administración. Entre las principales demandas se encuentra el pago pendiente de las prestaciones de fin de año a los trabajadores del tribunal.
El impago de los aguinaldos ha generado protestas laborales sin precedentes. Los trabajadores han denunciado posibles desvíos de recursos destinados al presupuesto del tribunal, alegando que estos podrían haber sido utilizados para financiar la presunta campaña de Ramírez Jiménez hacia un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado viernes, Ramírez Jiménez suspendió de forma repentina una sesión solemne alegando problemas de salud. Esto ocurrió tras enfrentamientos con otros magistrados, quienes unánimemente añadieron puntos al orden del día en contra de la voluntad de la presidenta. Entre los temas figuraban destituciones de funcionarios clave, reestructuración de salas y auditorías financieras.
En respuesta, los magistrados emitieron un documento oficial exigiendo la reanudación de la sesión el próximo 6 de enero a las 09:00 horas. El pleno ha advertido a Ramírez Jiménez que, de no asistir, será destituida del cargo y se procederá con la elección de un nuevo presidente para continuar con el orden del día.
La exigencia de auditorías obedece a la necesidad de esclarecer presuntas irregularidades en el uso de los recursos del TSJO. Este manejo opaco ha dejado a cientos de trabajadores en incertidumbre y ha puesto en evidencia problemas graves de administración financiera.
El vacío de autoridad en el TSJO quedó evidenciado durante la sesión suspendida. Ramírez Jiménez no solo perdió el control del pleno, sino que permitió que los magistrados tomaran decisiones que representan una clara declaración de desconfianza hacia su gestión.
El incumplimiento en el pago de los aguinaldos ha sido el detonante de esta crisis. Este problema laboral refleja la gestión deficiente de recursos en el tribunal y ha generado una ola de indignación entre los trabajadores, quienes exigen respuestas claras.
Entre los rumores destaca que la única forma de mantener a Ramírez Jiménez en el cargo sería una intervención externa de “primer nivel”. Sin
embargo, esta situación pondría en entredicho la independencia judicial en Oaxaca y cuestionaría la credibilidad del sistema.
La presidencia de Ramírez Jiménez comenzó como un avance hacia la equidad de género, pero ha quedado empañada por la falta de liderazgo y el descontento generalizado. Su incapacidad para construir consensos internos y responder a las demandas laborales ha llevado al TSJO al borde del colapso.
La sesión del 6 de enero será un punto de inflexión. Si los magistrados logran imponer las medidas propuestas, significará no solo la destitución de Ramírez Jiménez, sino también un cambio profundo en la dinámica del tribunal, aunque esto no garantiza una mejora inmediata.
No obstante, la situación del TSJO evidencia un problema estructural más profundo: la erosión de la confianza en el sistema judicial. La ciudadanía observa con escepticismo cómo la corrupción y los intereses políticos han socavado una institución clave.
