
Tribunal Colegiado ordena a gobiernos federal y estatal garantizar retorno de familias triquis expulsadas de Copala
Luego de cuatro años de desplazamiento forzado debido a la violencia en Tierra Blanca, comunidad triqui del municipio de Santiago Juxtlahuaca, de la región Mixteca de Oaxaca, un amparo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca, ordenó a los gobiernos estatal y federal garantizar el retorno seguro de las familias afectadas.
El amparo establece que las autoridades deben asegurar que los habitantes no sean nuevamente desplazados y que el retorno se lleve a cabo con un plan de acción concreto y coordinado.
Este plan debe incluir medidas específicas, plazos claros y la participación de diversas instituciones, además de respetar la identidad cultural y social de la comunidad triqui. También exige la inclusión activa de representantes comunitarios en este proceso.
Como parte de las medidas, el tribunal colegiado solicita que se realice un censo> para registrar a todas las personas desplazadas desde el 26 de diciembre de 2020.
Los afectados deberán ser incorporados al Registro Nacional de Víctimas, priorizando su atención debido a su situación de vulnerabilidad. Se ordena también que las instituciones responsables brinden apoyo integral y evalúen la gravedad de cada caso para implementar acciones de protección y asistencia.
Las autoridades señaladas en el amparo incluyen al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), al comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca, al secretario general de Gobierno de Oaxaca, al fiscal general del estado y al presidente municipal de Juxtlahuaca, quienes deben coordinar esfuerzos para cumplir con esta resolución judicial.
Ante esta situación, las familias desplazadas hicieron un llamado urgente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para garantizar el cumplimiento de este amparo, cuya notificación recibieron el pasado 19 de noviembre de 2024.