
Tres inmobiliarias talan miles de árboles en El Coyul para construir el «Residencial Punta Faro”; ¿y Semarnat?
La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció la tala masiva de árboles y la destrucción de flora endémica, incluyendo especies en peligro de extinción, en la comunidad indígena de El Coyul, en la zona chontal del Istmo de Tehuantepec. A pesar de las denuncias, la Semarnat, la Profepa y la Semaedeso no han intervenido, dejando en la indefensión a la comunidad afectada.
De acuerdo con la organización, tres inmobiliarias están detrás del proyecto “Residencial Punta Faro”, un desarrollo de alta plusvalía que busca apropiarse de las tierras comunitarias. La APIIDTT acusa a estas empresas de actuar en complicidad con autoridades federales, estatales y municipales, lo que ha permitido la tala ilegal y la extracción de material pétreo de la playa, causando un daño irreparable al manglar y al hábitat de especies protegidas.
En un comunicado, la APIIDTT señaló que esta situación pone en grave riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del planeta: los sistemas lagunares costeros de manglar. Además, denunció que los responsables del ecocidio son Joel Ricardez López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas, quienes pretenden despojar a la comunidad de 1,452 hectáreas de tierras, protegidas históricamente por la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972.
La organización destacó que los habitantes de El Coyul han sido víctimas de un sistema de despojo violento y sistemático. Desde 1850, esta comunidad ha defendido su territorio, pero ahora enfrenta criminalización: 21 personas, incluyendo mujeres, adultos mayores y voceros, han sido acusadas injustamente de delitos graves como despojo y secuestro. Estas acciones, denuncian, buscan intimidar y frenar la lucha por la justicia ambiental.
La APIIDTT también advirtió que el proyecto “Residencial Punta Faro” no solo promueve la turistificación y gentrificación de las playas de Oaxaca, sino que además traiciona los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático y derechos humanos. La destrucción de manglares y zonas de anidación de tortugas, protegidas por decreto oficial desde el 8 de enero de 2024, representa una grave violación a la legislación ambiental y un retroceso en la conservación de la biodiversidad.
Actualmente, la comunidad de El Coyul enfrenta un proceso de criminalización y judicialización impulsado por lo que la organización llama un “cártel inmobiliario”. Sin embargo, la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul y la APIIDTT han iniciado procedimientos legales para frenar este despojo y responsabilizar a las empresas y autoridades involucradas en este ecocidio.
La APIIDTT hizo un llamado urgente a las autoridades y organismos nacionales e internacionales para detener estas acciones ilegales y proteger los derechos de la comunidad indígena. Asimismo, exhortaron a la sociedad a sumarse a su lucha para preservar uno de los ecosistemas más importantes del país y garantizar justicia social y ambiental.

