Tras votación 6-5, consejeros del INE presentarán controversia ante la SCJN contra poderes ampliados a Taddei
En una decisión dividida con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Secretaría Ejecutiva presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional. Esta acción se toma en contra de la ampliación de facultades que la reciente reforma al Poder Judicial otorgó a la consejera presidenta Guadalupe Taddei y a la propia Secretaría Ejecutiva del INE.
Durante la sesión del miércoles, los seis consejeros que promovieron este acuerdo argumentaron que la controversia no pretende invalidar la reforma al Poder Judicial en su conjunto, sino que se centra en dos artículos específicos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). La controversia busca aclarar los límites de las nuevas facultades conferidas y su posible afectación a la autonomía del INE.
Las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera fueron los impulsores de este acuerdo. Consideran que la reforma vulnera los principios de independencia y profesionalismo del instituto, pues otorga a la presidencia del INE la facultad de realizar designaciones clave sin necesidad de aprobación por parte del Consejo General.
El martes, este grupo de consejeros presentó formalmente su intención de que el INE interponga una controversia constitucional para cuestionar las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, con particular interés en las facultades de nombramiento conferidas a la presidenta del INE. Esto responde a la preocupación de que estos cambios limiten la autonomía del Consejo General en decisiones estratégicas.
Entre los puntos impugnados se encuentran los artículos que facultan a la presidenta del INE para designar directivos y titulares de unidades técnicas del instituto sin la aprobación del Consejo General. Además, el nuevo marco otorga a la Junta Ejecutiva la atribución de aprobar y coordinar actividades administrativas y operativas, lo que también podría influir en la estructura de decisiones del INE.
El acuerdo aprobado sostiene que estas nuevas atribuciones afectan la autonomía del INE y los principios fundamentales de certeza, imparcialidad e independencia. Los consejeros que promueven la controversia afirman que defenderán la naturaleza constitucional del instituto, con la finalidad de preservar la integridad de sus funciones en el ámbito electoral mexicano.
