Trabajadores burócratas despedidos por el gobernador Salomón Jara vuelven a la calle; exigen su reinstalación
Extrabajadores del gobierno estatal de Oaxaca, despedidos por decisión del gobernador Salomón Jara, tomaron nuevamente las calles para exigir una mesa de negociación y la reinstalación de sus puestos laborales. Los afectados aseguran que las acciones de “adelgazamiento” del aparato gubernamental han sido aplicadas de manera parcial y discrecional.
Los manifestantes señalaron que, mientras ellos permanecen sin empleo, familiares e hijos de delegados sindicales y personas cercanas al gobernador han sido reinstalados en sus puestos. Incluso, mencionaron que el consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, habría logrado que varios de sus familiares mantuvieran sus bases laborales.
Durante la protesta, los afectados argumentaron que los verdaderos aviadores no fueron removidos, sino protegidos. Según Yamilet Matus, trabajadora despedida de la Consejería Jurídica, “los que estamos protestando no somos los aviadores; nos costó mucho esfuerzo obtener nuestra base laboral”.
Este jueves, los burócratas se manifestaron en el Palacio de Gobierno, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos previos con el estado. Advirtieron que, de no ser escuchados, extenderán sus protestas a otras dependencias gubernamentales en la Ciudad de Oaxaca.
De las 1,344 personas despedidas mediante un decreto impulsado por Salomón Jara y aprobado por la 66 Legislatura del Congreso local, solo 667 fueron reinstaladas. Quedan 677 trabajadores que aún esperan justicia laboral, incluidos empleados con discapacidades, enfermedades crónicas, o antigüedad de más de 20 años.
Entre los reinstalados, destacan familiares de líderes sindicales y allegados al gobernador. Además, los 10 representantes sindicales que participaron en las mesas de negociación con el gobierno estatal recuperaron sus bases, lo que ha generado inconformidad entre los despedidos que quedaron fuera.
Gabriela Pérez Santiago, empleada del Registro Civil por 11 años, relató que, pese a ser cabeza de familia y depender de su trabajo, fue despedida sin previo aviso. Su caso, como el de muchos otros, ilustra las promesas incumplidas de los líderes sindicales que, según ella, “se burlaron” de los trabajadores.
Pérez Santiago narró las dificultades que enfrentó para obtener su base laboral, incluyendo trabajos adicionales fuera de sus responsabilidades, como limpiar la casa de una exdirectora del Registro Civil. Ahora, sin empleo, enfrenta problemas de salud y la responsabilidad de mantener a sus tres hijos.
Arnulfo, un supervisor de obra con 30 años de servicio, fue otra de las víctimas del decreto. Aunque apenas llevaba cinco años con nombramiento base, cumplió todos los requisitos para su reinstalación. Ahora, él, su esposa y su hijo estudiante enfrentan incertidumbre económica.
Los 677 trabajadores no reinstalados incluyen a personas con discapacidades, adultos mayores, pacientes oncológicos y empleados cercanos a la jubilación. Según los manifestantes, el gobierno no ha respetado los criterios de prioridad establecidos para la recuperación de las bases laborales.
Los trabajadores despedidos exigen una revisión exhaustiva de las listas de reinstalación y la apertura de una nueva mesa de negociación. Consideran que los criterios aplicados hasta ahora han sido arbitrarios y favorecieron a personas con conexiones políticas, dejando fuera a quienes realmente lo necesitan.
Los manifestantes reiteraron que, si sus demandas no son atendidas, intensificarán sus acciones. Planean ampliar las protestas a otras dependencias gubernamentales, buscando visibilizar su situación y presionar al gobernador Salomón Jara para que cumpla con su compromiso de justicia laboral.
