Taxistas foráneos acusan a Semovi de favorecer cobros ilegales y niegan que protesta sea artificial o manipulada
Los choferes de taxis foráneos de los Valles Centrales rechazaron que su inconformidad sea un conflicto artificial, como afirma la Secretaría de Movilidad. Sostienen que las protestas responden a presuntos cobros obligatorios para trabajar y acusan a la dependencia de favorecer a la ASAEO mediante la ocupación de espacios rentados.
Los trabajadores exhibieron recibos de pagos anticipados realizados a la ASAEO para apartar cajones en el estacionamiento. Aseguran que deben cubrir 4 mil 500 pesos por un espacio regular y hasta 10 mil pesos por un lugar techado, condición que consideran indispensable para continuar prestando el servicio.
Según los inconformes, la Policía Vial Estatal los desalojó de las inmediaciones de la Central Camionera, impidiéndoles establecer sitios alternos. Afirman que esa medida los obliga a utilizar exclusivamente el espacio administrado por la ASAEO, lo que, denuncian, beneficia económicamente a dicha organización y limita su derecho al trabajo.
Los taxistas sostienen que el objetivo no sólo es obligarlos a rentar esos espacios, sino también presionarlos para afiliarse al sindicato ASAEO. Advierten que, sin aceptar esas condiciones, prácticamente quedan impedidos para operar, pues aseguran que todos los sitios disponibles permanecen saturados o restringidos por las autoridades.
A estas denuncias se suman las de cargadores que laboran en la zona, quienes afirman pagar diez pesos por cada diablo que ingresa al paradero y treinta pesos por cada carreta utilizada. Consideran que esos cobros representan una carga económica adicional para trabajadores cuyos ingresos dependen exclusivamente de su actividad diaria.
Diversos trabajadores identifican a la ASAEO como responsable de la administración de estos espacios y recuerdan que su creación ha sido atribuida al exsecretario de Gobierno y Territorio Municipal, Noé Jara Cruz. Por ello, exigen que las autoridades transparenten el funcionamiento y destino de los recursos recaudados.
Los inconformes también cuestionan a la Secretaría de Movilidad por, presuntamente, permitir estas prácticas mientras descuida la seguridad en el entorno de la Central Camionera. Señalan que persisten riesgos de asaltos, agresiones y otros abusos contra usuarios y operadores, sin que exista vigilancia suficiente para proteger a quienes dependen diariamente de ese espacio.
