Taxistas del Valle Central protestan ante Semovi por hostigamiento y retenciones de la Policía Vial; maltratan a reportero
Taxistas del Valle Central de Oaxaca se concentraron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad para denunciar lo que consideran abusos, hostigamiento y operativos excesivos. Aseguran que en semanas recientes varios operadores fueron sancionados o vieron retenidas sus unidades, incluso cuando, según su versión, portaban la documentación para prestar el servicio.
Durante la cobertura, algunos manifestantes maltrataron con empujones al reportero Mario Romero. El incidente se suma a un patrón de agresiones contra la prensa en movilizaciones capitalinas y deja en evidencia que el descontento gremial no justifica violentar a quien documenta los hechos. La libertad de informar no puede quedar sujeta al humor de una protesta.
Los trabajadores del volante argumentan que varias detenciones derivaron de faltas menores o de discrepancias en sistemas de control. Reclaman que Semovi aplica criterios desiguales, levanta unidades “parejo” y exige pagos o trámites que perciben como opacos, mientras el reordenamiento del transporte foráneo reduce sus sitios de trabajo.
Semovi, por su parte, ha sostenido operativos de supervisión, cancelaciones de licencias por agresiones a usuarias y un reordenamiento que restringe el acceso de taxis foráneos al centro histórico. La dependencia insiste en cero tolerancia y en regular un sector saturado, pero no ha disipado la percepción de que las sanciones recaen con más peso sobre quienes no se alinean a ciertos grupos.
El conflicto no es nuevo: bloqueos, retención de funcionarios, acusaciones de cobro de piso por cajones y denuncias de amenazas han marcado meses de tensión entre concesionarios y la secretaría que encabeza Yesenia Nolasco. Mientras tanto, usuarios —adultos mayores, comerciantes de la Central— pagan el costo de un conflicto que nadie resuelve con reglas claras y mesas de diálogo efectivas.
Oaxaca no puede normalizar ni el abuso administrativo ni la agresión al periodista. Si hay operativos desproporcionados, deben investigarse con transparencia; si hay violencia contra la prensa, debe sancionarse. Mientras Semovi y el gremio se disputan el control de las calles, la ciudadanía y quienes informan quedan en medio, otra vez sin garantías.
