Supercarretera a Puerto Escondido desata boom inmobiliario que amenaza tierras comunales y ecosistemas de la costa oaxaqueña
La supercarretera Barranca Larga–Ventanilla ha sido el detonante de un auge inmobiliario sin precedentes en la costa oaxaqueña, especialmente en terrenos ejidales y comunales.
Aunque esta dinamización estimula la economía y atrae inversión, también genera profundas tensiones ecológicas, legales y sociales que requieren ordenamiento territorial, protección ambiental y mayor transparencia en la titulación y venta de la tierra.
La inauguración en febrero de 2024 de la nueva supercarretera Barranca Larga–Ventanilla, que conecta Oaxaca de Juárez con Puerto Escondido y recorta el tiempo de viaje de más de seis horas a apenas 2.5 horas, ha provocado un boom inmobiliario en la región costera de Oaxaca.
De acuerdo con un reportaje de Mongabay Latam, a lo largo de ese corredor —que abarca casi 200 km entre Chacahua y Huatulco— se han documentado intensas transformaciones del uso de suelo, con fraccionamientos y lotificaciones avanzando incluso en áreas naturales protegidas, manglares y zonas de dunas costeras.
El interés por terrenos ejidales y comunales se ha disparado, especialmente en los municipios de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, donde agentes inmobiliarios y hasta extranjeros ofrecen lotes cercanos a la costa, aunque muchas veces sin contar con servicios básicos ni respaldo legal.
Mongabay destaca que el número de inmobiliarias y promotores de venta de tierra se ha triplicado desde la pandemia, coincidiendo con el avance de la nueva vía y generando un auge exponencial en la comercialización de terrenos ejidales para uso habitacional.
Sin embargo, esta expansión inmobiliaria ha traído severos impactos ambientales: pérdida de casi 100 hectáreas de mangle, deforestación costera, contaminación de playas y acuíferos, y amenazas a zonas de anidación de tortugas marinas.
De igual forma, se han reportado asentamientos irregulares y ventas no reguladas de terrenos —incluso comunales— sin la participación de asambleas ejidales o comunales, una práctica que viola el artículo 27 constitucional y vulnera derechos agrarios locales.
En respuesta, distintas organizaciones y autoridades han expresado preocupación por el crecimiento urbano desordenado, la falta de servicios públicos —agua, luz, drenaje— y el riesgo que implica depender de asentamientos vulnerables a deslaves, inundaciones o falta de infraestructura.
Los promotores inmobiliarios, por su parte, ofrecen incentivos a quienes compran terrenos: acceso habitacional cerca del mar, con planos y mapas, aunque omitendo con frecuencia la carencia de servicios básicos o permisos oficiales.
Las autoridades estatales intentan encauzar este crecimiento con planes de ordenamiento territorial y regularización de predios, inversiones en obras complementarias como plantas de tratamiento y redes de agua potable en Puerto Escondido y Huatulco, pero el proceso avanza a un ritmo desigual.
El contexto económico no es menor: el flujo turístico ha crecido —en parte impulsado por la nueva carretera—, lo que también ha elevado rentas de bienes raíces, presionado el mercado local y generado consecuencias sociales, como encarecimiento del suelo y desplazamiento de comunidades de menores ingresos.
