Sueldos bajos, profesionalización incompleta y controles insuficientes debilitan la confianza en policías de Oaxaca
Tercera de 3 partes | La tercera dimensión del diagnóstico policial está en las condiciones laborales. En 2025, un policía estatal de Oaxaca percibía 13 mil 258 pesos mensuales de salario base. Aunque representa un aumento frente a años anteriores, la remuneración permanece por debajo de entidades donde los agentes superan los 25 mil pesos.
Desde 2022, el salario base estatal pasó aproximadamente de 10 mil 800 pesos a 13 mil 258 en 2025, un incremento acumulado cercano al diecisiete por ciento. El gobierno estatal ha planteado alcanzar 15 mil pesos netos hacia el final del sexenio, pero esa meta no corrige la brecha nacional.
El salario es crucial porque la profesionalización policial requiere condiciones que hagan atractiva la carrera, reduzcan vulnerabilidades económicas y permitan exigir mayores niveles de desempeño. Oaxaca se ubica aproximadamente entre los lugares 25 y 28 de las 32 entidades por remuneración policial, mientras algunos estados ofrecen ingresos significativamente superiores en promedio.
En las corporaciones municipales el panorama suele ser todavía más complicado. En Oaxaca de Juárez se han reportado remuneraciones cercanas a 11 mil 600 o 12 mil pesos, mientras algunos municipios ofrecen alrededor de 14 mil. Estas diferencias evidencian un sistema laboral fragmentado, donde las condiciones dependen fuertemente del ayuntamiento.
Una policía confiable necesita más que agentes presentes en las calles. Requiere capacitación permanente, salarios competitivos, equipamiento, protocolos, supervisión, investigación interna y controles disciplinarios eficaces de manera inmediata. Si alguno de estos componentes falta, aumenta la posibilidad de errores, abusos, corrupción o incapacidad para responder adecuadamente frente a organizaciones criminales.
El tamaño tampoco resuelve automáticamente esas carencias. Oaxaca puede contar con alrededor de 2 mil 400 policías estatales y entre seis mil y siete mil elementos en toda la fuerza policial. Sin embargo, una plantilla amplia pierde efectividad cuando la certificación, coordinación institucional y preparación profesional permanecen rezagadas efectivamente.
En ese contexto, la ciudadanía enfrenta una paradoja: hay policías, pero los mecanismos objetivos para acreditar su confiabilidad presentan coberturas muy reducidas. La diferencia entre presencia policial y seguridad efectiva aún no son compatibles. Un agente visible puede disuadir un delito, pero una corporación profesionalizada ofrece capacidades verificables para prevenir, investigar y responder.
Las debilidades se acumulan cuando se observa el sistema completo. La Policía Estatal enfrenta rezagos de certificación; las corporaciones municipales presentan capacidades desiguales y altos porcentajes de reprobación en algunos procesos. La AEI carece de capacitación permanente y acumula años de rezago en materia de investigación. Todo ello dificulta construir una evaluación integral y transparente.
El reto institucional consiste entonces en cerrar esa brecha con datos verificables, certificación universal y vigente, mejores salarios, capacitación continua y depuración cuando corresponda. También resulta indispensable publicar el estado de fuerza, evaluaciones, bajas, certificaciones y capacidades por corporación, para que la ciudadanía pueda conocer quién está autorizado para protegerla.
La radiografía no permite afirmar que todos los policías sean poco confiables, pero tampoco permite sostener que el sistema ofrece garantías suficientes. Los indicadores muestran una estructura numerosa, con avances salariales, pero debilitada por certificación insuficiente y controles rezagados. La confianza ciudadana deberá construirse con transparencia y resultados tangibles, no con discursos oficiales.
