Siete años sin los 43 normalistas de Ayotzinapa
Este domingo se cumplen siete años de la desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero sin que hasta el momento se tenga certeza del paradero de los normalistas.
El pasado viernes, familiares de los estudiantes desparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro al que asistió el fiscal Alejandro Gertz Manero, reclamaron la falta de avances de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.
El representante legal de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, comparó la investigación de la FGR con un “elefante blanco”.
“Mire, la Fiscalía General, como lo hemos apuntado y le hicimos ver al presidente de la República, no está caminando, que como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina eso le dijimos, la Fiscalía es algo parecido”, señaló.
Destacó que no se han ejecutado órdenes de aprehensión desde hace seis meses, y que 40 órdenes siguen sin poder ser ejecutadas, además de que no se ha logrado traer a México al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El exfuncionario se encuentra en Israel, por lo que el presidente López Obrador envió una carta al primer ministro de ese país, Naftali Bennett, con el fin de lograr la extradición de Zerón, quien fue encargado de las investigaciones y es señalado por haber participado en el encubrimiento del caso a cambio de un pago que le permitió robarse más de mil millones de pesos de la extinta PGR.
El 23 de abril de este año, la FGR giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
El diario estadounidense The New York Times reportó el pasado 15 de julio que el gobierno de Israel ralentiza la extradición de Tomás Zerón como una forma de “toma y daca” contra México “que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.
El gobierno de Enrique Peña nieto le dio ‘carpetazo’ al caso en 2015, con la instauración de la llamada “verdad histórica” que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
Los familiares reclamaron el pasado viernes, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no profundizara en las investigaciones sobre la participación del Ejército mexicano en los hechos.
(Con información de Aristegui Noticias)
