Sheinbaum ¿expulsó a Gertz para frenar filtraciones que amenazaban a su gobierno y limpiar la FGR?
La abrupta salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República exhibe el estilo con el que Claudia Sheinbaum inaugura su propio régimen: control total, cero disidencias y operación quirúrgica para remover obstáculos. La narrativa oficial habla de “causas de fuerza mayor”, pero el trasfondo revela una expulsión calculada.
Gertz no era un fiscal incómodo para López Obrador, sino un aliado útil, tolerado pese a sus excesos y contradicciones. Para Sheinbaum, en cambio, representaba un riesgo real: un operador viejo, con agenda propia y suficiente información explosiva para entorpecer cualquier intento de reacomodo interno en la estructura de justicia federal.
El punto de quiebre no habría sido su desgaste público ni sus decisiones más polémicas, sino las filtraciones recientes de carpetas presuntamente archivadas, divulgadas desde dentro de la propia FGR. Expedientes sobre huachicol fiscal, La Barredora y el caso Rocha empezaron a circular en medios, evidenciando tensiones irreconciliables con el nuevo gobierno.
Sheinbaum entendió el mensaje: Gertz conservaba información delicada que podía erosionar a figuras clave de su administración, especialmente en temas de seguridad, aduanas y presunta corrupción. La presidenta, pragmática y fría, decidió contener el incendio antes de que creciera. La salida del fiscal no fue voluntaria, sino inducida.
La versión de la embajada y la salud precaria funcionó como disfraz político para una maniobra de sustitución acelerada. En menos de 24 horas, el Senado aceptó la renuncia sin debatir la “causa grave” que exige la Constitución. Fue una destitución disfrazada, tan expedita como conveniente para Palacio Nacional.
Lo verdaderamente inquietante es que las carpetas filtradas no tendrían por qué existir si, como decía la narrativa oficial, ciertos casos estaban “concluidos” o “sin materia”. Su aparición súbita revela que una parte de la FGR seguía investigando y documentando irregularidades que tocaban a actores cercanos al proyecto político dominante.
Esto incluye el explosivo expediente de huachicol fiscal, donde marinos, aduaneros, empresarios y posibles aliados políticos aparecían vinculados. También las pesquisas sobre La Barredora en Tabasco, cuyos tentáculos alcanzaban a exfuncionarios afines a Morena. Y, aún más grave, el caso Rocha, con una “oreja” incrustada dentro de la propia fiscalía.
Nada de esto convenía al nuevo gobierno. El riesgo era doble: filtraciones incontrolables que erosionaran a figuras claves como Harfuch, y la posibilidad de que Gertz utilizara este arsenal documental como palanca negociadora o como venganza. Sheinbaum eligió la salida más efectiva: remover al fiscal antes de perder el control del tablero.
La llegada de Ernestina Godoy como fiscal interina —y probable titular— confirma la intención presidencial de subordinar por completo a la FGR. Godoy representa disciplina política, alineamiento ideológico y obediencia probada. Su misión no será profundizar investigaciones incómodas, sino gestionar el daño y cerrar expedientes que afecten al oficialismo.
Con esta operación, Sheinbaum inaugura un nuevo ciclo: la justicia como herramienta de control político, no como contrapeso. Si las carpetas filtradas desaparecen, si los testigos se retractan y si los casos se “enfrían”, confirmará que la presidenta no quiere una fiscalía autónoma, sino una fiscalía funcional al poder.
