Se han reducido las quejas por tortura: México a ONU
El gobierno federal afirmó que el número de denuncias presentadas ante la CNDH por tortura y otras violaciones se han «reducido notablemente», gracias a que se han implementado medidas y propuesto leyes que contribuyen a erradicar estos delitos.
Esto luego de que el informe del relator especial de Naciones Unidas, Nils Melzer, señalara que éstas son prácticas generalizas entre «las fuerzas de seguridad y agentes de investigación» para «obtener confesiones o como método de castigo».
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que la información sobre delitos de lesa humanidad en el país no son parte del Informe de seguimiento sobre tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que dichas afirmaciones no son más que «las opiniones personales y sin fundamento, que fueron expresadas por algunas personas».
El gobierno federal destacó la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, de la PGR; la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, y la visita a México del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.
A pesar de lo anterior, el informe del relator especial de la ONU indica que los elementos de seguridad pública recurren con frecuencia a «la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica».
El mismo documento constata la existencia en México de «una situación de inseguridad e impunidad» y sostiene que «la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos».
Pero, añade el informe, «a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México».
Finalmente, el comunicado del gobierno federal reiteró su disposición a colaborar con el mandato del nuevo relator especial y reiteró su compromiso de «administrar la justicia pronta y expedita, con el debido respeto a los derechos humanos».
Con información de Milenio
