Se deslinda Neto Vargas de acusaciones en Zaachila, mientras persisten denuncias de extorsión y presunta protección municipal

Se deslinda Neto Vargas de acusaciones en Zaachila, mientras persisten denuncias de extorsión y presunta protección municipal

El presidente municipal de Villa de Zaachila, demarcación del Valle de Oaxaca, Ernesto Vargas López, enfrenta cuestionamientos por presuntas extorsiones, cobros ilegales y violencia atribuidos a integrantes de ASAEO, mientras responde con deslindes y acusaciones de persecución política.

La controversia escaló tras difundirse un video de una riña durante la comparsa Burrograndera, entre el 1 y 2 de noviembre, donde un elemento de la Guardia Nacional habría sido golpeado. La víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía, mientras señalamientos públicos relacionaron a personas cercanas con el Ayuntamiento.

En su posicionamiento, Vargas negó que Octavio Pacheco Santos forme parte de la plantilla municipal y aseguró que Kevin Castellanos, empleado del Ayuntamiento, no aparece en la grabación. Añadió que, si algún servidor público incurrió en una falta, aplicará las sanciones administrativas correspondientes, una vez acreditada la responsabilidad individual.

El deslinde, sin embargo, no responde a las denuncias que comerciantes y ferieros formularon desde septiembre sobre presuntas extorsiones y la intervención de ASAEO en trámites municipales. Esos señalamientos apuntan a la obligación del gobierno local de investigar, proteger a las víctimas y garantizar el uso legal de espacios públicos.

Los ferieros denunciaron que fueron canalizados por el alcalde con intermediarios de ASAEO para gestionar la instalación de juegos mecánicos en la Unidad Deportiva municipal. Según su versión, primero les exigieron 50 mil pesos y después 250 mil; por esos cobros, cancelaron una actividad que realizaban desde hacía ocho décadas.

Los denunciantes sostuvieron que el permiso correspondía al Ayuntamiento y no a una organización externa. En octubre, Vargas negó ordenar cobros de piso y afirmó que únicamente se recaudaban cinco pesos por metro cuadrado; invitó a presentar denuncias, pero no ofreció explicación pública específica sobre los 250 mil pesos.

En Zaachila también se han reportado amenazas contra comerciantes, presiones para controlar actividades económicas y presuntas irregularidades en la incorporación de mototaxis. Habitantes atribuyen esas prácticas a integrantes de ASAEO y denuncian posible protección municipal.

La Fiscalía estatal mantiene investigaciones contra integrantes de ASAEO por delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidios. No se reportan cargos formales contra Vargas por esos hechos.

En lugar de concentrar su mensaje en las denuncias sobre seguridad, comercio y presuntos cobros ilegales, el alcalde atribuyó las publicaciones a intereses políticos y retó a sus críticos a presentar propuestas. También sostuvo que no permitirá que esos señalamientos lo distraigan “de sus compromisos con las familias de Zaachila”.

Sin embargo, la responsabilidad institucional no se agota en deslindarse de conductas individuales ni en defender la trayectoria personal. Como autoridad municipal, Vargas debe aclarar qué medidas adoptó, si investigó posibles abusos, qué protección brinda a los denunciantes y cómo impedirá que grupos externos condicionen permisos, comercio o servicios públicos.

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