Se cumplirá un mes de la desaparición de Sandra y su esposo; las autoridades nada saben de su paradero

Han transcurrido ya 28 días desde la desaparición de Sandra Domínguez en María Lombardo de Caso, en San Juan de Cotzocón, Oaxaca. Desde el 4 de octubre, su familia no ha recibido respuestas concretas por parte de las autoridades, quienes solo han solicitado paciencia, mientras la familia enfrenta la angustia de la espera y el dolor de la revictimización por parte de algunos sectores oficiales.

La familia Domínguez ha soportado durante este tiempo presiones provenientes del gabinete del gobernador Salomón Jara. Según relatan, incluso se ha divulgado información privada que, sumada a propaganda pagada en contra de Sandra y su pareja, ha intentado criminalizarlos. “¿Creen que vamos a dejar de buscarla? No lo haremos”, asegura Aracely, hermana de Sandra.

En entrevista con Cimacnoticias, Aracely Domínguez detalla los obstáculos enfrentados en la búsqueda de su hermana, donde la ineficacia y burocracia de las autoridades han retrasado la investigación. “El tiempo es el recurso más valioso para encontrarla, y se está desperdiciando”, señala con frustración.

La familia ha denunciado la lentitud del proceso y la criminalización que persiste hacia las víctimas. Sandra Domínguez es una de las tres defensoras de derechos humanos desaparecidas en Oaxaca, junto a Irma Galindo y Claudia Uruchurtú. Estas desapariciones han intensificado la preocupación por la seguridad de activistas en el estado.

Desde 2016 hasta 2022, han desaparecido 1,697 mujeres y niñas en Oaxaca, y el 69% de ellas siguen sin ser encontradas, según cifras de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca. El caso de Sandra, una defensora de derechos, ha resaltado esta problemática y la falta de respuestas efectivas.

La familia ha sido acusada de no haber denunciado de inmediato la desaparición. Sin embargo, explican que Sandra vivía en una región con escasa señal de comunicación, y tras la última llamada con su madre, asumieron que la falta de contacto se debía al clima. Cuando se confirmó su ausencia, la familia intentó emitir la alerta, solo para encontrar un ministerio público cerrado.

Aracely y otros familiares viajaron horas hasta María Lombardo de Caso, donde debían iniciar el trámite, pero las oficinas estaban cerradas y el personal les impuso trabas burocráticas. Posteriormente, gracias a organizaciones como Consorcio Oaxaca y Sol Rojo, la alerta de búsqueda de Sandra finalmente se emitió en Oaxaca capital.

La participación de las organizaciones civiles ha sido clave para presionar a las autoridades y acelerar el proceso de búsqueda. Sin embargo, menos de tres días después, el Gobierno de Oaxaca comenzó a divulgar información a medios que ha contribuido a la criminalización de Sandra y su pareja, sin consultar previamente a la familia.

Jesús Ramírez, titular de la Secretaría de Gobernación de Oaxaca, afirmó que la desaparición de Sandra podría estar relacionada con actividades delictivas de su pareja, una declaración que ha indignado a la familia por la revictimización que implica y el peligro que representa para ellos.

A pesar de estas declaraciones, la familia Domínguez ha sido clara en que no busca señalar culpables ni hacer acusaciones directas. Para ellos, el enfoque debe estar en la búsqueda de Sandra y no en la criminalización que daña su imagen y pone en riesgo a sus seres queridos.

Un año antes, Sandra denunció la participación de funcionarios en un grupo de pornografía llamado “Sierra XXX”, y comenzó a recibir amenazas de muerte. Aunque la familia no ha señalado una conexión directa entre el chat y la desaparición, estos antecedentes agravan la preocupación de la familia por su seguridad.

Desde la emisión de la ficha de búsqueda, las autoridades han filtrado información importante a medios en lugar de notificar a la familia. La detención de un implicado en el caso, que tenía en su poder el teléfono de Sandra, fue conocida primero por los medios y luego por la familia, causando un gran dolor.