#Oaxaca: a un año del asesinato del estudiante Diego Paz, fiscalías Estatal y Anticorrupción mantienen impune al alcalde de Santa Lucía del Camino
A pesar de su responsabilidad como jefe máximo de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, el alcalde Juan Carlos García Márquez no ha sido requerido por la Fiscalía del Estado ni por la Fiscalía Anticorrupción. Esto, a pesar de que evade sus obligaciones administrativas en el caso de la muerte de Diego Ignacio Paz, estudiante universitario ejecutado por agentes bajo su mando. La falta de acción judicial evidencia la protección que, se denuncia, le otorga el gobernador Salomón Jara.
En respuesta a esta impunidad, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, anunció que solicitará un juicio político contra el presidente municipal García Márquez por la ejecución extrajudicial del joven estudiante de la Universidad Anáhuac Oaxaca ocurrida bajo la responsabilidad del alcalde García Márquez. El legislador denuncia que no se puede tolerar la protección a los responsables de este crimen atroz.
Para Montaño, es inconcebible que el alcalde haya amparado a los policías y titulares de la corporación de seguridad pública que asesinaron a Diego, un estudiante sobrio que no había consumido alcohol. Este operativo alcoholímetro terminó en tragedia, y el edil parece priorizar la defensa de sus subordinados por encima de la justicia y la verdad sobre los hechos.
El diputado condenó que García Márquez difundiera información falsa, alegando que el joven estaba ebrio y que había atropellado a policías. Estas mentiras culminaron en el homicidio de Diego y en graves heridas a su acompañante. Tales afirmaciones no solo distorsionan la realidad, sino que agravan el dolor de las familias y obstaculizan las investigaciones.
La noche del 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y su compañero viajaban en un vehículo cuando policías les ordenaron bajar en un retén. Ante la prepotencia de los agentes, Diego evadió el alcoholímetro, estacionó el auto y ambos intentaron huir a pie. Los policías dispararon, matando a Diego, mientras torturaban al otro joven sobre un techo que se derrumbó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que la muerte de Diego fue una ejecución extrajudicial y que su acompañante sufrió tortura. Los peritajes revelaron que ninguno estaba alcoholizado ni había consumido drogas. Además, el gobierno municipal no ha iniciado procedimientos administrativos contra los agentes involucrados, perpetuando la impunidad.
Montaño adelantó que presentará un posicionamiento en el Congreso, denunciando el temor de la ciudadanía hacia la policía municipal. Recordó que al inicio de la legislatura pidió que la Guardia Nacional asumiera la seguridad pública local, debido a reiteradas violaciones de derechos humanos por parte de los agentes bajo el mando del alcalde.
La recomendación de la DDHPO también expuso que el alcalde difundió datos falsos sobre las víctimas, lo que para el diputado revela a una persona sin escrúpulos por el poder. Además, señaló complicidad del gobierno estatal, que pudo separar al edil del cargo durante las investigaciones. Montaño llamó a la solidaridad con la familia de Diego, insistiendo en la responsabilidad directa del alcalde por cadena de mando.
