SCJN invalida candados de Morena y restaura reglas para impedir trabas a la revocación de mandado en #Oaxaca
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas centrales de la Ley de Revocación de Mandato de Oaxaca, aprobadas en septiembre por el Congreso local dominado por Morena. Con ocho votos, el Pleno avaló el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, anulando los cambios que adelantaban plazos y elevaban requisitos para dificultar el proceso.
El tribunal declaró inconstitucional exigir el 10 por ciento de firmas por municipio para iniciar la revocación, al considerarlo un candado excesivo que restringía derechos. También invalidó la reducción de plazos, que acortaba de tres meses a uno la recolección de firmas y de 90 a 30 días la emisión de la convocatoria, lo que daba margen al gobernador para manipular el proceso.
Con esta decisión, regresan los términos originales y se elimina cualquier mecanismo diseñado para complicar la participación ciudadana. La Corte sostuvo que ambos cambios vulneraban el principio de democracia participativa y excedían la libertad normativa estatal, al imponer barreras injustificadas para activar un ejercicio constitucional de control y rendición de cuentas.
El resto de las modificaciones fue validado por ser únicamente organizativas, ratificando la facultad de los congresos locales para regular procedimientos siempre que no invadan competencias federales ni del órgano electoral estatal. La Corte también determinó que no era obligatoria la consulta a pueblos indígenas ni el parlamento abierto, manteniendo operativas las reglas administrativas del IEEPCO.
La resolución provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Políticos como Jorge Álvarez Máynez celebraron la decisión como un freno a los intentos de Morena por restringir la revocación, mientras algunos medios locales aseguraban que la Corte “había ratificado” la reforma del gobernador” sin incluir las correcciones y el regaño —uno más— al Congreso por invadir facultades federales. Críticos y opositores describieron el fallo como una victoria ciudadana que equilibra Poderes y fortalece la democracia.
El fallo consolida la revocación de mandato como herramienta efectiva de vigilancia ciudadana y establece límites firmes contra reformas que pretendan volverla impracticable. En Oaxaca, habilita procesos más accesibles, incluso contra figuras como el gobernador Salomón Jara. A nivel nacional, envía un mensaje para armonizar leyes estatales con los principios constitucionales.
