Mientras Oaxaca vive en pobreza extrema, diputados remodelan oficinas con más de 40 millones; “no sabía”: Jara
Mientras Oaxaca enfrenta carencias sociales severas y altos niveles de pobreza extrema, los diputados locales autorizaron una remodelación de sus oficinas legislativas que podría alcanzar los 50 millones de pesos. Esta decisión ha desatado una oleada de críticas ciudadanas e indignación por el contraste entre la ostentación del Congreso y la realidad que vive gran parte de la población oaxaqueña.
Cuestionado al respecto en la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador Salomón Jara Cruz deslindó responsabilidad directa, aunque en tono divertido recomendó “más austeridad” a su sobrino, Benjamín Viveros Montalvo, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien ha sido señalado como el principal impulsor de las obras. “No sabía yo que habían remodelado el Congreso; les voy a recomendar a los diputados que sean más austeros”, declaró.
Sin embargo, fuentes internas del Congreso aseguran que las remodelaciones contaron con el visto bueno del propio gobernador. A pesar de los exhortos a la austeridad, la iniciativa avanza mientras las condiciones de salud, educación, seguridad y servicios básicos continúan siendo precarias para miles de oaxaqueños.
El Congreso de Oaxaca ha sido reiteradamente señalado como uno de los más costosos del país. En 2021, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que el costo por diputado local superaba los 11 millones de pesos anuales, y para 2022, esta cifra rebasó los 15 millones, equivalentes a 41 mil pesos diarios por legislador.
Aunque el Poder Legislativo oaxaqueño cuenta con solo 42 diputados —25 de mayoría relativa y 17 de representación proporcional—, año tras año solicita ampliaciones presupuestales que duplican su presupuesto inicial. En 2024, por ejemplo, partieron de 471 millones y terminaron ejerciendo 729.2 millones de pesos.
En términos proporcionales, el Congreso recibe apenas el 0.63 % del presupuesto estatal, pero ese porcentaje representa cientos de millones de pesos, cuya aplicación carece de transparencia. Buena parte del gasto se reporta como “transferencias, subsidios, bienes muebles e intangibles”, sin que se especifique su destino o utilidad.
Más allá del gasto, la productividad legislativa es baja. La LXIV Legislatura presentó más de 7,200 iniciativas y exhortos, pero solo el 29.9 % fueron aprobados y apenas el 12 % se transparentaron. Ejemplos históricos revelan la ineficiencia: en 2016 solo se aprobaron 13 de 55 iniciativas (una efectividad del 0.59 %), y en 2018, apenas se alcanzó un 40 % de productividad.
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó al Congreso estatal dar a conocer quiénes son sus diputados más activos. Sin embargo, el Poder Legislativo ha eludido esta obligación argumentando que no está obligado a detallar su productividad ni el uso de su presupuesto.
Este nivel de opacidad y gasto excesivo genera creciente molestia social. Mientras miles de familias carecen de servicios básicos o acceso a medicamentos, los diputados remodelan oficinas y despachos con presupuestos millonarios, sin rendir cuentas claras ni mejorar su desempeño legislativo.
El contraste entre la pobreza que golpea a gran parte del estado y los privilegios legislativos vuelve a exhibir la desconexión de la clase política con la realidad ciudadana. Organizaciones civiles, académicos y ciudadanos exigen mayor fiscalización, recorte de gastos superfluos y una reforma urgente al funcionamiento del Congreso de Oaxaca.
