Salinas Pliego denuncia ante CIDH persecución política del gobierno de Sheinbaum por acoso fiscal y judicial
El empresario Ricardo Salinas Pliego sostuvo una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la OEA en Washington. Presentó un expediente con evidencias de presunto acoso sistemático por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, incluyendo persecución fiscal, judicial y administrativa, con el fin de silenciar voces críticas. Esta acción escala un conflicto nacional a instancias internacionales, destacando tensiones entre el sector privado y el Ejecutivo.
Salinas Pliego denunció que el acoso no es personal, sino un precedente peligroso para empresarios y opositores. Acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de usar el Estado y el crimen organizado como herramientas para intimidar y restringir la libertad de expresión, imponiendo miedo como método de control. En un video difundido en X, enfatizó su defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos.
El empresario salió optimista de la reunión, afirmando que no cederá ante presiones y continuará avanzando “de pie”. Subrayó que el pleito trasciende su figura, posicionándose como barrera entre un gobierno autoritario y la libertad de los mexicanos, criticando supuestos intentos de “robar en lo oscurito”.
El contexto revela un largo litigio fiscal: Salinas debe miles de millones en impuestos, según el SAT, pero él disputa las cifras y acusa manipulación política. El gobierno de Sheinbaum ha negado acuerdos previos y señalado el cumplimiento fiscal, sin respuesta inmediata a esta denuncia ante la CIDH.
Críticamente, esta denuncia internacional de Salinas podría interpretarse como estrategia defensiva ante el SAT, pero también resalta preocupaciones reales sobre erosión democrática en México, como la captura de instituciones y hostigamiento a críticos. Fuentes variadas, desde medios oficialistas hasta opositores, muestran polarización, con acusaciones mutuas de corrupción y abuso de poder.
En perspectiva periodística, la denuncia ante la CIDH obliga a examinar si el gobierno usa herramientas estatales para sofocar disidencia, o si Salinas evade responsabilidades fiscales mediante victimización. Sin evidencias independientes, el caso subraya la necesidad de transparencia para preservar la libertad de expresión y el Estado de derecho en un México dividido.
