Río Los Perros de Juchitán, #Oaxaca, sigue contaminado dos años después, pese a sentencia federal y omisiones oficiales
Han pasado más de dos años desde que se alertó oficialmente sobre la grave contaminación del río Los Perros y ninguna autoridad ha intervenido para detener el daño. En el Istmo de Oaxaca, específicamente en Juchitán, este afluente es vital para la ecología regional, las comunidades indígenas y actividades culturales que hoy enfrentan un deterioro alarmante.
En 2022, Alexia del Rosario Antonio Aquino, respaldada por Litigio Estratégico Indígena, presentó el amparo 730/2022 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, denunciando vertidos industriales y municipales que devastaban el río. Documentó meses de afectaciones mediante pruebas científicas y fotográficas, evidenciando riesgos para la salud, pesca y agricultura comunitaria.
La demanda exigió la restauración inmediata del equilibrio ecológico y movilizó apoyo social. Activistas y especialistas en derechos humanos se sumaron, advirtiendo que pueblos como Ciudad Ixtepec y Juchitán enfrentaban pérdida de biodiversidad y afectaciones directas. El caso resonó en redes sociales y fortaleció una presión colectiva para que el problema fuera atendido de manera urgente.
La jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo analizó el caso y reconoció violaciones a la Constitución y tratados internacionales ambientales. En 2023 concedió el amparo, obligando a Semarnat, Conagua y autoridades estatales y municipales a diseñar un plan integral de limpieza, remediación y vigilancia continua del afluente, con participación comunitaria indígena.
El fallo federal también vinculó a los tres niveles de gobierno para coordinarse contra descargas residuales y establecer plazos concretos de restauración. La resolución se viralizó en X como un triunfo histórico para la defensa ambiental. Sin embargo, desde entonces activistas advirtieron riesgos de incumplimiento por la falta de voluntad institucional y ausencia de acciones verificables.
A diciembre de 2025, la sentencia sigue sin ejecutarse: el río continúa contaminado, no existe un plan activo ni vigilancia efectiva, y las autoridades no muestran avances. Litigio Estratégico Indígena denuncia el incumplimiento total, mientras comunidades exigen medidas forzosas, sanciones e incidentes de inejecución. El caso exhibe fallas estructurales en la justicia ambiental mexicana.
