Reglamenta INE uso de recursos en pro de equidad hacia 2018
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las reglas que prohíben ciertas conductas de partidos y funcionarios, en busca de imparcialidad en el proceso electoral 2017-2018.
De acuerdo con las bases del reglamento, queda prohibido la creación de programas sociales no previstos en el Presupuesto de Egresos 2018, la repartición de tarjetas a la ciudadanía y que los funcionarios rindan informes de labores, entre el inicio de las precampañas hasta el fin de los comicios.
El acuerdo establece que los funcionarios públicos incurrirán en una violación al principio de imparcialidad, al aplicar recursos públicos a cambio de la promesa o la demostración del ejercicio del voto en favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición.
Luego del revés que sufrió el INE, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eliminó su propuesta de «cancha pareja,» el consejero presidente, Lorenzo Córdova, desechó la posibilidad de que este documento sea rechazado por los magistrados.
Es importante subrayar, dijo, que el presente proyecto de acuerdo para ejercer la facultad de atracción no contradice lo dispuesto por el TEPJF sobre la imposibilidad jurídica de que el INE reglamente lo relativo a la aplicación del artículo 134 constitucional.
Córdova aseguró que con estas reglas se garantiza la equidad de la contienda electoral y se desalienta el uso o condicionamiento de los recursos públicos y de los programas gubernamentales, en beneficio o en contra de candidatos, partidos o coaliciones.
Expuso que estas reglas y criterios emitidos por el INE recogen las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF, en torno a la difusión de propaganda gubernamental, difusión de los informes de labores de servidores públicos y legisladores.
Indicó que se busca evitar una dispersión interpretativa, dudas o incertidumbres sobre las conductas sancionables entre una entidad y otra, debido a la concurrencia de 30 elecciones locales, la renovación del Congreso de la Unión y la presidencia de la República.
¿DE QUÉ VA EL ARTÍCULO 134?
“Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.
El consejero Ciro Murayama señaló que estas reglas pretenden desvincular a los programas sociales del ámbito electoral.
«Cuando los beneficios de estos programas se ofrecen o se condicionan a cambio de determinadas conductas político-electorales de los beneficiarios, o cuando tratan de impactar en las preferencias político-electorales de los ciudadanos constituyen un mal uso de los mismos”, estimó.
El documento aprobado establece que las normas y criterios son de aplicación para todas las autoridades electorales del país, tanto federales como locales, así como a los servidores públicos en general.
Insistió en que se pretende garantizar certeza y seguridad jurídica respecto a la difusión de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación, así como en la utilización de programas sociales y de sus recursos.
Estas reglas operarán a partir del inicio de las precampañas hasta la conclusión de la jornada electoral.
Con información de Excélsior
