Reforma judicial de Oaxaca que elimina la Sala de Justicia Indígena, es inconstitucional y regresiva: ministra Lenia Batres
En Oaxaca, la reciente reforma constitucional ha generado una fuerte crítica de agrupaciones dd abogados, especialmente por la eliminación de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Esta decisión es observada como un retroceso en la garantía de los derechos de los pueblos originarios, ya que limita la posibilidad de alcanzar una justicia intercultural que reconozca sus sistemas normativos propios.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, criticó duramente la reforma y llamó al Congreso de Oaxaca a revertir la desaparición de la Sala Indígena.
A través de la red social X, la ministra expresó su preocupación, advirtiendo que esta medida contraviene el espíritu de la reforma al Artículo 2º de la Constitución, que busca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
El Congreso de Oaxaca, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobó esta reforma judicial que, además de reducir de 28 a 16 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, creó la Comisión de Disciplina Judicial y estableció que la elección de magistraturas y jueces locales se llevará a cabo en 2027. Como parte de estos cambios, se determinó la desaparición de la Sala Indígena.
Para Batres Guadarrama, la decisión del Congreso representa la eliminación de un logro histórico en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas.
La ministra destacó que la Sala Indígena había permitido visibilizar una perspectiva intercultural en la impartición de justicia, alineada con los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Organizaciones defensoras de los derechos indígenas y expertos en justicia intercultural han expresado su rechazo a esta reforma, argumentando que suprime un espacio fundamental para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Han señalado que la desaparición de la Sala Indígena deja en la incertidumbre jurídica a muchas comunidades que recurrían a ella para la resolución de conflictos bajo sus propias normas y tradiciones.
La eliminación de esta instancia judicial en Oaxaca ha despertado preocupación a nivel nacional, ya que podría sentar un precedente negativo en otras entidades del país.
En este sentido, diversas voces han advertido que la medida es contraria a los avances en materia de derechos indígenas y contradice la tendencia internacional de fortalecer los sistemas de justicia propios de los pueblos originarios.
La ministra Batres Guadarrama concluyó su posicionamiento afirmando que la Sala Indígena fue un referente a nivel nacional e internacional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, insistió en que el Congreso de Oaxaca debe corregir esta decisión y evitar que la reforma represente un retroceso en materia de derechos humanos.
