Red de fraude en autos usados, en #Oaxaca: policías y Fiscalía se confabulan para defraudar a compradores de buena fe
Ciudadanos destaparon esta semana una presunta red de fraude en la compraventa de vehículos usados que involucraría a particulares, elementos de la Policía Vial Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones. Al menos dos compradores recientes fueron acusados falsamente de robo tras adquirir autos en redes sociales, pese a contar con documentación legal. Las autoridades actuaron sin orden judicial, retirando las unidades y dejando a las víctimas en un laberinto burocrático.
El modus operandi se repite: una “familia con una niña enferma” ofrece el vehículo a bajo precio.
Días después, supuestos dueños originales —respaldados por policías viales— reclaman la unidad. Elementos a cargo del director Toribio López Sánchez intervienen sin identificarse plenamente ni presentar reporte de robo, ignorando contratos de compraventa y facturas exhibidas por los afectados.
Las víctimas denuncian en la Fiscalía que dirige Bernardo Rodríguez Alamilla, pero enfrentan dilaciones, omisiones y falta de avances pese a las pruebas presentadas. Una de las afectadas señaló que el supuesto vendedor original sería un ex agente de la AEI, lo que refuerza sospechas de colusión interna. Hasta ahora, ni la Policía Vial ni Fiscalía han emitido información oficial sobre estos casos.
Particulares y uniformados operarían como una red que explota la confianza de compradores de autos de segunda mano, principalmente a través de plataformas digitales. El esquema genera doble victimización: pérdida económica y criminalización injusta. Organizaciones civiles exigen investigación independiente ante la aparente protección institucional a los defraudadores.
Esta nueva modalidad de fraude entre particulares e instituciones erosiona la confianza ciudadana y expone fallas graves en los protocolos de verificación vehicular. Recomiendan a futuros compradores verificar REPUVE, contratos notariados y antecedentes antes de cualquier transacción. Las denuncias públicas en redes sociales han visibilizado el problema y presionan por respuestas concretas.
Este lunes, el gobernador Salomón Jara Cruz ordenó esclarecer los hechos con transparencia para restaurar credibilidad. Mientras, los afectados exigen la devolución inmediata de sus vehículos y sanciones ejemplares contra los involucrados en esta presunta red de corrupción.
