Raymundo Chagoya, alcalde de Oaxaca de Juárez, ocupa el lugar 97 de 100 con apenas 7% de aprobación
Según la reciente encuesta de Arias Consultores publicada en Revista 32, Raymundo Chagoya Villanueva, alcalde de Oaxaca de Juárez, ocupa el sitio 97 de 100 ediles evaluados. Con apenas un 7.0% de aprobación, la capital oaxaqueña se posiciona hoy como una de las gestiones municipales peor calificadas del país.
El estudio, realizado en enero y difundido ampliamente en plataformas digitales, mide la percepción ciudadana sobre la gobernanza local. Para el edil morenista, este ínfimo respaldo refleja un rechazo contundente que alcanza niveles críticos. Los datos sugieren que la insatisfacción social impera, especialmente en rubros sensibles como la seguridad y los servicios básicos.
Aunque alcaldes de Puebla y Córdoba presentan cifras aún menores, el lugar 97 confirma una profunda crisis de legitimidad para Chagoya. Ese 93% de desaprobación estimada subraya un divorcio entre la administración y las demandas ciudadanas. La tendencia negativa parece consolidarse, vinculada directamente a promesas incumplidas y falta de resultados.
Analistas sostienen que factores como la opacidad y la creciente inseguridad municipal explican este desempeño deficiente desde su toma de posesión. La metodología de Arias Consultores permite inferir que el descontento es generalizado en la capital. Este escenario complica la ejecución de programas públicos debido a la falta de consenso.
La baja aprobación no es un fenómeno aislado, pues mediciones previas ya advertían un rechazo sistemático hacia la gestión actual. Con tan poco respaldo social, el margen de maniobra política del alcalde se reduce drásticamente. Urgen acciones correctivas inmediatas para evitar que el vacío de poder afecte la gobernabilidad local.
Hacia el futuro, los datos de 2026 plantean un reto mayúsculo para revertir esta tendencia mediante políticas enfocadas en el bienestar común. Sin embargo, el panorama actual en Oaxaca de Juárez es sombrío, dominado por una desconfianza que exige un cambio radical en la estrategia de comunicación y atención ciudadana.
