Pueblos indígenas exigen a López Obrador dejar de criminalizar protesta social
Habitantes de pueblos indígenas de Oaxaca exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de criminalizar la protesta social y de incriminar a dirigentes que defienden sus territorios de megaproyectos que nada dejan a los pueblos originarios.
Demandaron que antes de inaugurar el Tren Transístmico en diciembre, se atiendan las violaciones de derechos humanos en contra de comunidades que se han visto afectadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), del que forma parte el tren, pero sobre todo que se deje de criminalizar a quienes se oponen a este megaproyecto.
Aglutinados en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), los pobladores recordaron que desde 2018 se han manifestado para exigir respeto a sus derechos frente a la imposición de este megaproyecto, sobre el cual, acusaron, nunca fueron informados de sus impactos negativos que ocasionaría en sus tierras.
Asimismo, señalan que tampoco fueron consultados de acuerdo a los protocolos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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En febrero de 2023, ejidatarios de la comunidad de Mogoñe Viejo, San Juan Guichicovi, se manifestaron en contra de las obras del tren, y acusaron que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A de C.V. inició los trabajos “despojando a familias de sus predios y dañando al medio ambiente”.
Dicha protesta, en la que se bloquearon las vías del tren por 62 días, se realizó de forma pacífica en el estacionamiento del campamento “Tierra y Libertad” y aunque siempre llamaron al diálogo a los gobiernos estatal y federal, las autoridades se negaron a dialogar y finalmente fueron desalojados por elementos de la Secretaria de Marina (Semar), quienes detuvieron a cuatro mujeres y dos hombres.
De acuerdo con la denuncia de las comunidades, por esos hechos el CIIT presentó una denuncia penal por el delito de “ataque a las vías generales de comunicación” en contra de 16 habitantes.
De estas denuncias penales se derivan dos audiencias iniciales, la primera agendada para este viernes 17 de noviembre en Oaxaca de Juárez, y la segunda para el 28 de diciembre.
En un comunicado, la Ucizoni acusó que estas denuncias penales son “actos de criminalización, por lo que exigieron diálogo al gobierno federal e hicieron un llamado a organizaciones internacionales, nacionales y regionales para que se solidaricen” con sus causas.
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