Publicidad digital encubierta impulsa ratificación de Salomón Jara y exhibe omisión del árbitro electoral oaxaqueño
La cercanía de la revocación de mandato en Oaxaca ha detonado una intensa campaña de publicidad digital a favor del gobernador Salomón Jara Cruz, difundida principalmente en YouTube y Facebook. Aunque el proceso es legalmente de revocación, la narrativa oficial lo presenta como una ratificación, distorsionando el sentido del ejercicio democrático.
Diversos usuarios han detectado anuncios tipo “flash” que aparecen de manera inesperada entre videos y transmisiones, impidiendo su grabación o registro. Este formato, común en pautas pagadas, sugiere una estrategia deliberada para evadir fiscalización, ocultar responsables y evitar que quede evidencia directa de propaganda gubernamental ilegal.
La legislación electoral de Oaxaca prohíbe expresamente el uso de recursos públicos y propaganda personalizada durante procesos de participación ciudadana. Sin embargo, los mensajes difundidos exaltan logros gubernamentales, llaman abiertamente a votar por la continuidad del mandatario y utilizan consignas oficiales, lo que configura una promoción indebida del voto.
En YouTube, se han identificado videos y shorts con mensajes favorables a la ratificación, difundidos por canales ligados a actores políticos, legisladores locales y simpatizantes de Morena. Aunque algunos se presentan como informativos, el tono, los hashtags y los llamados explícitos evidencian una intención proselitista clara.
Facebook concentra una mayor actividad propagandística. Páginas informativas, supuestos medios digitales y cuentas de funcionarios o militantes comparten publicaciones que llaman directamente a “ratificar” al gobernador, acompañadas de encuestas, testimonios y mensajes sobre programas sociales, lo que refuerza la percepción de una campaña coordinada.
Destaca la participación de servidores públicos y figuras cercanas al gobierno estatal, quienes promueven la ratificación desde sus redes personales o mediante videos grabados en contextos institucionales. Estas acciones podrían implicar uso indebido de recursos humanos y materiales del Estado con fines electorales.
Pese a las múltiples denuncias públicas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ha mantenido una postura pasiva. No ha iniciado procedimientos visibles ni emitido medidas cautelares contundentes para frenar la propaganda digital, a pesar de que la ley le otorga facultades claras.
Esta omisión del árbitro electoral alimenta sospechas de contubernio o, en el mejor de los casos, una preocupante falta de voluntad para garantizar condiciones de equidad. La fiscalización de la publicidad digital se ha convertido en un vacío que permite prácticas ventajosas al poder en turno.
Partidos de oposición y organizaciones civiles han advertido que la revocación está siendo desvirtuada para convertirse en un ejercicio de legitimación política. Señalan que la promoción encubierta rompe la neutralidad del proceso y vulnera el derecho ciudadano a decidir sin presiones ni propaganda oficial.
De persistir esta estrategia y la inacción del IEEPCO, el proceso del 25 de enero de 2026 quedará marcado por la ilegalidad y la desconfianza. Más que un avance democrático, la revocación de mandato en Oaxaca corre el riesgo de convertirse en un precedente de simulación electoral.
