
Proveedor, émulo de Hernández Casillas, acumula en Oaxaca contratos por 306 millones de pesos en solo dos meses
Jesús Amado Paz Cervantes, proveedor del Gobierno de Oaxaca, fue denunciado por amenazar de muerte al regidor Martín Vásquez Villanueva, del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Detrás de la acusación aparecen contratos millonarios, cuatro empresas y un exfuncionario de Salud que ahora opera sus negocios.
El señalamiento surgió después de que el regidor independiente de Cultura y Educación capitalino se negara a venderle una propiedad ubicada en el Centro Histórico. Vásquez Villanueva hizo públicas las amenazas y exhibió al empresario, cuya relación con el gobierno estatal ahora enfrenta cuestionamientos.
La denuncia también puso bajo escrutinio el crecimiento empresarial de Paz Cervantes, quien pasó de comercializar uniformes mediante Uniformes Keyri a convertirse en proveedor gubernamental. En agosto y noviembre de 2026, sus empresas obtuvieron contratos públicos por un total de 306 millones 311 mil 238.72 pesos.
El contrato más cuantioso fue adjudicado el 28 de agosto por 231 millones 902 mil 428.27 pesos para adquirir equipos médicos destinados a unidades del IMSS-Bienestar. La operación se realizó mediante Material de Curación e Insumos Médicos La Paz, empresa vinculada al proveedor.
El 2 de noviembre aparecieron otros tres contratos para conservar y mantener diez unidades médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca. Varde Ingeniería de Alta Precisión recibió 14 millones 529 mil 879.03 pesos; Especialistas en Construcción Herrax obtuvo 17 millones 639 mil 173.82 pesos.
Ese mismo día, Construcción y Mantenimiento Cansu consiguió otro contrato por 26 millones 109 mil 061.22 pesos para trabajos en diez unidades médicas. La información también registra una adquisición de herramientas, refacciones y accesorios menores por cinco millones 121 mil 039.14 pesos.
Las operaciones colocan bajo la lupa el uso de distintas razones sociales para obtener recursos públicos. Las cuatro empresas señaladas aparecen relacionadas con Paz Cervantes, quien habría concentrado los beneficios económicos de adjudicaciones destinadas al sector salud. La documentación contractual debe determinar las condiciones de competencia y asignación.
Pero los contratos no son el único frente de cuestionamientos. El empresario también enfrenta señalamientos sobre presuntas presiones a propietarios de inmuebles del Centro Histórico para conseguir propiedades millonarias. El caso de Martín Vásquez constituye una denuncia pública, no una resolución judicial sobre esas acusaciones.
En la operación de los contratos aparece Osvaldo Mendoza Cruz, quien entre 2020 y 2021 fue jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca. Ahora, según la información proporcionada, gestiona personalmente las operaciones de Paz Cervantes ante personal de esa institución.
El caso plantea preguntas sobre los controles del Gobierno de Oaxaca para contratar proveedores, verificar empresas y evitar conflictos de interés. También exige esclarecer si el exfuncionario conserva vínculos con personal de Salud y bajo qué condiciones administra contratos millonarios. Las amenazas denunciadas requieren investigación ministerial y garantías para el regidor.

