PRI Oaxaca en caída libre: autoritarismo, opacidad financiera y purgas internas bajo dirigencia de Carmelita Ricárdez
El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca atraviesa una de sus peores crisis históricas, marcada por divisiones internas, debilitamiento estructural y cuestionamientos severos a su dirigencia estatal. Lejos de reconstruirse tras derrotas recientes, el partido parece avanzar hacia una implosión que amenaza seriamente su viabilidad electoral en la entidad.
Bajo el liderazgo de María del Carmen Ricárdez Vela, el Comité Directivo Estatal ha sido acusado de ejercer un control autoritario que margina a sectores críticos. Militantes y cuadros históricos denuncian una conducción excluyente que prioriza lealtades personales sobre capacidades políticas, profundizando el aislamiento interno y debilitando la cohesión partidista en Oaxaca.
Uno de los principales focos de crítica es el manejo opaco de las prerrogativas públicas. El PRI Oaxaca recibe más de 42 millones de pesos anuales, recursos cuya administración carece de transparencia. A ello se suman aportaciones adicionales de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, también sin claridad en su destino.
Las denuncias internas apuntan a una distribución desigual del presupuesto. Secretarios y operadores perciben sueldos de entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales, considerados insuficientes frente a las exigencias territoriales. Esta precariedad contrasta con el control centralizado de los recursos en la dirigencia estatal, generando inconformidad entre las bases.
Además, se acusa el uso del presupuesto como mecanismo de presión política. Sectores que no se alinean con la dirigencia han sufrido recortes drásticos. Ejemplos como el de liderazgos femeninos dentro del PRI Oaxaca evidencian una política de castigo económico que debilita la operación política y profundiza las fracturas internas.
Uno de los episodios más controvertidos ha sido la depuración del padrón de militantes. La dirigencia eliminó cerca del 95% de los afiliados en un proceso calificado como unilateral. Esta medida dejó fuera a miles de priistas, desmantelando estructuras territoriales construidas durante décadas en distintas regiones del estado.
La decisión ha sido interpretada como un “suicidio político” por voces críticas. La eliminación masiva de militantes no solo rompe vínculos históricos, sino que impone metas de reafiliación consideradas inalcanzables. Para muchos, se trata de una estrategia para simular crecimiento mientras se excluye a cuadros incómodos.
A esta crisis estructural se suma la ruptura con liderazgos históricos. Figuras con trayectoria dentro del PRI han sido desplazadas o ignoradas, generando un vacío político que ha sido aprovechado por otros partidos. La migración de militantes hacia nuevas fuerzas evidencia la pérdida de identidad y rumbo del tricolor en Oaxaca.
También pesan señalamientos por violencia política de género y conflictos internos entre mujeres del partido, lideradas por Ricárdez Vela. Estas denuncias contrastan con el discurso público de inclusión promovido por la dirigencia estatal, generando cuestionamientos sobre la congruencia y legitimidad de sus acciones al interior del organismo político.
En este contexto, el PRI Oaxaca enfrenta un escenario crítico rumbo a futuros procesos electorales. Con estructuras debilitadas, militancia reducida y una dirigencia cada vez más cuestionada por el manejo del presupuesto como patrimonio familiar, este partido se perfila hacia una posible pérdida de registro local. La crisis actual no solo es política, sino también de supervivencia institucional.
