POLÍTICA EXPRÉS | * Sinaloa y el dilema Sheinbaum: actuar o administrar la descomposición institucional
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó de ser un asunto local para convertirse en una prueba crítica de credibilidad para Claudia Sheinbaum. Las acusaciones y presiones internacionales colocan a su gobierno frente a una disyuntiva incómoda, donde cada decisión —o su ausencia— redefine el verdadero alcance del proyecto político en el poder.
Sostener a un mandatario bajo sospecha sin investigaciones reales y profundas no es sinónimo de neutralidad, sino de complicidad política. La narrativa desde sus conferencias mañaneras se debilita cuando enfrenta su primera gran crisis ética y opta por administrar el problema, en lugar de resolverlo con la contundencia que prometió al asumir el poder.
El dilema es: preservar la cohesión interna de Morena o demostrar que nadie está por encima de la ley. Pero la historia política mexicana demuestra que proteger cuadros cuestionados nunca fortalece, solo posterga el deterioro institucional y amplifica los costos cuando la realidad termina imponiéndose sin control.
La presión internacional añade una dimensión que el gobierno no puede ignorar. Cuando agencias extranjeras señalan posibles vínculos criminales, el problema trasciende la soberanía discursiva y se convierte en un asunto de confianza bilateral, cooperación en seguridad y estabilidad diplomática entre dos países profundamente interdependientes.
Para la presidenta, este episodio marca el inicio real de su autonomía política. Gobernar no es administrar complicidades heredadas, sino decidir cuándo romper con ellas. La manera en que enfrente este caso definirá si su administración será continuidad pasiva o un punto de inflexión dentro del mismo proyecto político.
La inacción, aunque menos estridente, suele ser más corrosiva que el conflicto abierto. No decidir y dejar pasar implica validar el estado actual de las cosas. Y en un contexto donde la violencia y la captura institucional son evidentes, no actuar equivale a normalizar la degradación del Estado.
El planteamiento de una posible desaparición de poderes no es exagerado, sino proporcional a la gravedad del escenario descrito. Cuando un gobierno pierde el control efectivo del territorio o actúa subordinado a intereses criminales, deja de cumplir su función esencial dentro del pacto federal mexicano.
Sin embargo, sustituir a un gobernador no resuelve por sí mismo el problema estructural. Las redes de complicidad suelen estar incrustadas en policías, fiscalías y estructuras políticas locales. Sin una intervención integral, cualquier relevo corre el riesgo de convertirse en una simulación más dentro del mismo sistema capturado.
El costo político de una ruptura interna sería inmediato, pero manejable. El costo de sostener la duda es acumulativo y potencialmente irreversible. La credibilidad no se pierde de golpe, se erosiona lentamente hasta que ya no es posible sostener el discurso que la justificaba ante la sociedad.
Al final, la decisión no es jurídica ni táctica, sino histórica. Sheinbaum debe elegir entre enfrentar las consecuencias de actuar o cargar con las consecuencias de omitir. Si decide no corregir, terminará confirmando que nunca tuvo intención real de transformar a este país.
