POLÍTICA EXPRÉS | * Rocha Moya, el moderno “García Luna” de los gobiernos de la Cuarta Transformación
La acusación formal contra Rubén Rocha Moya y 10 políticos más en Nueva York representa un terremoto político sin precedentes en México. No se trata solo de un gobernador bajo sospecha, sino de la exposición de una red criminal enquistada en el poder. Este golpe judicial de la DEA desmorona la narrativa de pureza gubernamental.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta crisis es una prueba de fuego definitiva. Mantener el respaldo a Rocha Moya implicaría un costo diplomático insostenible con Washington. La mandataria debe elegir entre proteger la estructura de su partido o defender la legalidad institucional frente al escrutinio internacional más severo.
El expresidente López Obrador también queda bajo una sombra persistente y dañina. Su política de «abrazos, no balazos» es ahora interpretada por la justicia estadounidense como un espacio de impunidad. Los presuntas aportaciones electorales en Sinaloa sugieren que la democracia regional pudo estar financiada por el tráfico de fentanilo.
La desconfianza de Estados Unidos hacia las instituciones mexicanas ha alcanzado su punto más álgido. Al actuar de forma unilateral, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envía un mensaje de desdén. La soberanía nacional se debilita cuando las investigaciones serias solo ocurren fuera de nuestras fronteras nacionales.
Sinaloa enfrenta ahora un vacío de autoridad que amenaza con desatar violencia interna. Si el gobernador utilizaba su posición para mediar o proteger, su caída altera el orden criminal establecido. El estado queda a la deriva, atrapado entre una administración estatal decapitada y grupos delictivos en pugna por control.
La senadora Paloma Sánchez Ramos y la oposición encuentran en este caso un argumento devastador. La exigencia de rendición de cuentas ya no es solo una consigna retórica, sino una urgencia judicial. El silencio inicial del Gobierno Federal ante la gravedad de los cargos refleja un pasmo institucional muy preocupante.
El impacto en las relaciones binacionales será profundo y posiblemente irreversible a corto plazo. El fentanilo es el tema central de la agenda de seguridad de Estados Unidos para el 2026. México no puede pretender ser un socio confiable mientras sus altos funcionarios enfrentan cargos por conspiración masiva internacional.
La figura de Rocha Moya se convierte en el «García Luna» de la autollamada Cuarta Transformación. Es una ironía histórica que el partido que prometió separar el poder político del económico hoy enfrente acusaciones de colusión criminal. La superioridad moral esmerilada por la realidad de las cortes federales neoyorquinas.
Es imperativo que la Fiscalía General de la República actúe con autonomía y rapidez inusual. Si México no procesa a sus propios funcionarios, entrega de facto su jurisdicción penal a los tribunales extranjeros. La justicia no debe ser un producto de exportación, sino una garantía interna para todos los ciudadanos.
Este episodio debe obligar a una revisión profunda del sistema de selección de candidatos. La infiltración del dinero ilícito en las campañas es el cáncer de nuestra democracia actual. Sin filtros reales y castigos ejemplares, el Estado mexicano seguirá siendo vulnerable ante las cortes de los Estados Unidos.
