POLÍTICA EXPRES | * Repartir dinero sin generar empleo: la receta para quebrar a México
Desde 2018, el gobierno federal ha apostado por repartir dinero a millones de mexicanos como principal estrategia contra la pobreza. Sin embargo, esta política no ha creado empleos formales ni aumentado la productividad. Al contrario, ha vaciado las arcas públicas y obligado a endeudar más al país para sostenerla.
En Oaxaca, el 26% de la población vive en pobreza extrema y el 70% en pobreza general. Sobrevivir con 48 pesos diarios apenas permite comprar un kilo de tortilla y otro de leche. Las transferencias ayudan momentáneamente, pero no atacan las causas reales: falta de empleo digno y actividad económica.
Claudia Sheinbaum, en lugar de corregir el rumbo, ha decidido ampliar los programas de transferencias directas. Aunque se presentan como medidas para combatir la pobreza, su verdadero efecto político es fidelizar votantes y perpetuar a Morena en el poder, sin resolver el estancamiento económico ni la dependencia social.
Andrés Manuel López Obrador prometió no endeudar al país y manejar responsablemente las finanzas públicas. La realidad es que su sexenio terminó con una deuda histórica de 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.4% del PIB, lo que contradice el discurso de austeridad y deja un lastre fiscal para las próximas generaciones.
El incremento de la deuda respecto a Enrique Peña Nieto fue de 23%, es decir, 3.2 billones adicionales. Gran parte del aumento provino de préstamos en moneda nacional, que subieron un 45.5% en seis años. Cada mexicano cerró 2024 debiendo 131 mil 738 pesos, 17.5% más que en 2018.
Lo grave es que este endeudamiento no impulsó crecimiento sostenido ni empleos productivos. La economía creció mucho menos que la deuda, deteriorando la relación deuda-PIB y reduciendo la capacidad del país para responder a crisis futuras. Se hipotecó el presente sin asegurar un mejor mañana para la población.
El expertos en economía y desarrollo advierten en que que no se puede salir de la pobreza sin ingresos y productividad. El sur del país depende en exceso del gobierno como empleador principal, lo que obliga a muchos oaxaqueños a migrar por falta de oportunidades reales.
Comparar con estados como Nuevo León o Baja California, con menos del 11% de pobreza, evidencia la magnitud del rezago. Reducir la brecha requeriría décadas de inversión privada, infraestructura y educación. Los apoyos asistencialistas, sin un plan de desarrollo productivo, condenan a Oaxaca, Chiapas y Guerrero a seguir en el fondo, porque el descenso en los indicadores es artificial.
El riesgo es que seguir financiando gasto social con deuda creciente llevará a un colapso económico. Una economía que gasta más de lo que produce y vive de préstamos está destinada a la quiebra. Y en ese escenario, los más pobres serán los primeros en pagar las consecuencias.
México necesita un cambio de rumbo: menos clientelismo y más inversión productiva. Los programas sociales deben ser un complemento, no el eje de la economía. Generar empleos formales, atraer inversión y fortalecer la productividad es la única vía para reducir la pobreza sin hipotecar el futuro del país.
