POLÍTICA EXPRÉS *¿Regular las redes o regular la crítica?: el riesgo detrás de la propuesta de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 30 de junio que, una vez concluido el Mundial 2026, su gobierno impulsará un debate nacional para regular redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial. El planteamiento, presentado desde la tribuna de la mañanera, se reviste de buenas intenciones: proteger a menores, cuidar la salud mental, combatir la desinformación y frenar abusos vinculados al uso de plataformas digitales. Sobre el papel, suena razonable. En la práctica, sin embargo, enciende una alerta legítima.
Cada vez que un gobierno propone regular la conversación pública, el discurso inicial suele ser el mismo: “proteger a la sociedad”. Nadie puede negar que existen problemas reales en el ecosistema digital. Los algoritmos pueden incentivar adicción, amplificar noticias falsas, promover contenidos dañinos o facilitar delitos graves como la explotación infantil. La inteligencia artificial también plantea retos inéditos, desde las falsificaciones hasta la manipulación masiva de percepciones. El problema no está en reconocer esos riesgos, sino en quién recibe el poder para decidir qué puede decirse, qué debe ocultarse y qué merece sanción.
La historia demuestra que la frontera entre regulación y censura rara vez permanece intacta. Cuando el Estado adquiere facultades para determinar qué contenido es “dañino”, “nocivo” o “desinformativo”, la interpretación inevitablemente entra en el terreno político. Y en política, la tentación de usar la ley para silenciar la crítica siempre está presente. Lo que hoy se presenta como protección ciudadana mañana puede convertirse en un instrumento para controlar narrativas incómodas.
México no parte de cero en esta discusión. Ya existen antecedentes preocupantes. En 2021, la propuesta del senador Ricardo Monreal para regular redes sociales fue duramente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión, al considerar que abría la puerta a mecanismos de censura indirecta. También ha habido reformas en telecomunicaciones que contemplaban bloqueos de plataformas bajo criterios ambiguos. El patrón es riesgoso: regulaciones que nacen con argumentos nobles, pero que concentran poder en autoridades administrativas.
Más preocupante aún es el ejemplo reciente de San Luis Potosí con la llamada “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir el uso indebido de inteligencia artificial y frenar la desinformación, esa legislación ya ha derivado en detenciones, órdenes de aprehensión y acciones contra periodistas y críticos. El caso revela una verdad incómoda: cuando la ley es ambigua, el poder político la interpreta a conveniencia. La sátira, la crítica y el periodismo incómodo pueden terminar en la misma categoría que la manipulación maliciosa.
Ese es precisamente el mayor peligro de la propuesta presidencial. No hace falta prohibir abiertamente opiniones para restringir la libertad de expresión. Basta con imponer obligaciones a plataformas para retirar contenido “problemático”, establecer sanciones económicas elevadas o crear marcos regulatorios tan vagos que incentiven la autocensura. Ante el riesgo de multas o litigios, las plataformas suelen optar por remover de más, no de menos. El resultado es una censura privada inducida por presión estatal.
Regular algoritmos también puede sonar atractivo, pero abre otro frente delicado. ¿Quién definirá qué amplifican o reducen las plataformas? ¿Un órgano técnico independiente? ¿Un regulador designado por el gobierno? ¿Una agencia con afinidades políticas? El control algorítmico no es un asunto menor: significa intervenir en la visibilidad de contenidos, en el alcance de noticias y en la circulación de opiniones. En términos prácticos, equivale a influir en qué ve la sociedad y qué deja de ver.
La insistencia de la presidenta en afirmar que “no es censura” tampoco elimina las preocupaciones. De hecho, cuando un gobierno repite demasiado que no pretende censurar, es porque sabe que la sospecha existe y está fundada. La censura moderna rara vez llega con prohibiciones explícitas; suele presentarse como regulación técnica, combate al odio o protección del bienestar social. Su forma es sofisticada, pero sus efectos pueden ser igual de restrictivos.
Es cierto que no toda regulación es negativa. Exigir etiquetado claro de contenido generado por IA, combatir deepfakes electorales, sancionar pornografía no consentida y fortalecer protección de menores son objetivos legítimos. También es defendible debatir el uso de celulares en escuelas. Pero incluso esas medidas deben diseñarse bajo criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y debido proceso judicial. Nunca bajo discrecionalidad política.
La libertad de expresión, protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, no es un derecho absoluto, pero sí uno fundamental para cualquier democracia funcional. Limitarla exige justificaciones extraordinarias y controles independientes. El Ejecutivo no puede convertirse en árbitro de la verdad sin erosionar el pluralismo democrático. En una sociedad libre, incluso las ideas molestas, equivocadas o incómodas merecen protección, salvo cuando cruzan claramente hacia delitos definidos por ley.
El problema de fondo es político. México vive un clima de alta polarización, donde el poder mantiene una relación tensa con medios y voces críticas. Bajo ese contexto, pensar que una regulación de redes permanecerá limitada a la protección ciudadana exige una dosis considerable de ingenuidad. Los incentivos del poder suelen inclinarse hacia el control del discurso, no hacia su liberación.
Por ello, el verdadero debate no es si las redes sociales tienen problemas —porque sí los tienen—, sino quién debe tener el poder de corregirlos. La respuesta no debería ser más burocracia ni mayor intervención estatal en la conversación pública. La mejor defensa contra la desinformación sigue siendo una ciudadanía crítica, educación digital, periodismo libre y debate abierto. La verdad rara vez prospera bajo vigilancia; florece donde existe libertad para confrontar ideas.
La propuesta de Claudia Sheinbaum merece escrutinio riguroso. Porque, aunque el objetivo declarado no sea censurar, en la práctica el riesgo de limitar la libertad de expresión es alto. Y cuando un gobierno obtiene las herramientas para decidir qué se puede decir, el siguiente paso suele ser decidir también quién puede decirlo.
