POLÍTICA EXPRÉS | Oaxaca no se vende, pero sí se gentrifica.- La gentrificación en Oaxaca de Juárez ya no es un proceso silencioso: es una realidad que desaloja, encarece y desfigura.

Mientras algunos celebran la “modernización”, miles de oaxaqueños enfrentan una expulsión lenta pero sistemática de sus barrios tradicionales. ¿Qué hace el gobierno? Poco. ¿Qué puede hacer? Mucho.

Una de las medidas más urgentes es la regulación del alquiler. Establecer topes a los aumentos de renta no es una idea radical, sino un mecanismo de protección básica para los inquilinos. Si Nueva York y Berlín lo han hecho, ¿por qué Oaxaca no? La propuesta que hizo el Partido del Trabajo merece atención legislativa seria.

También es indispensable regular a plataformas como Airbnb. Hoy, más de 4 mil 800 inmuebles oaxaqueños están en renta turística. El gobierno debe limitar licencias, regular la duración de las estancias (condicionar estancias mínimas de dos o tres días, por ejemplo) y fiscalizar a quienes convierten viviendas en negocios.

Otra vía crítica es proteger el uso de suelo residencial. Si no se establecen zonas blindadas frente al turismo comercial, seguiremos viendo cómo casas se transforman en cafés, galerías o boutiques. Preservar el carácter habitacional de barrios como Xochimilco y Jalatlaco no es nostalgia: es justicia social.

Mucho se ha debatido sobre si se debe imponer un impuesto a extranjeros que compran propiedades. Aunque viable legalmente con reformas fiscales, esta medida puede ser ineficaz si no se acompaña de políticas estructurales. Además, puede alimentar narrativas xenófobas sin atacar el fondo del problema: la desigualdad.

Una alternativa más sensata sería aumentar el impuesto por la compra de inmuebles en zonas gentrificadas, sin importar la nacionalidad del comprador, pero con exenciones para locales de bajos ingresos. Esto generaría recursos para vivienda asequible sin violar tratados ni derechos constitucionales.

Restringir que los extranjeros renten sus inmuebles suena atractivo en lo inmediato, pero es jurídicamente inviable y socialmente peligroso. En vez de prohibiciones, se debe establecer un marco regulatorio fiscal más estricto a las rentas turísticas de corta duración, y reinvertir en las comunidades afectadas.

La gentrificación no ocurre solo por extranjeros. Son muchos propietarios locales quienes deciden desalojar inquilinos, subir rentas o asociarse con inmobiliarias. Criminalizar al extranjero distrae de la responsabilidad compartida: del Estado que no regula, del ciudadano que especula y del turista que no se informa.

Culpabilizar exclusivamente a los extranjeros también debilita la lucha comunitaria. Lo esencial es empoderar a los barrios, dar voz a quienes los habitan, y permitirles participar en decisiones de desarrollo urbano. Oaxaca necesita planificación con justicia social, no solo inversión con rédito turístico.

Oaxaca de Juárez no puede seguir regalando su alma por un puñado de dólares. Regular, proteger y redistribuir son verbos clave si queremos una ciudad habitable para los oaxaqueños, no solo para los visitantes. La gentrificación es reversible, pero solo si se enfrenta con visión, valentía y voluntad política.