POLÍTICA EXPRÉS | * Morena y la ofensiva contra la libertad de expresión: el laboratorio autoritario de Campeche

La audiencia que este martes 2 de diciembre enfrenta el periódico Tribuna de Campeche y el periodista Jorge Luis González es el capítulo más reciente de una estrategia de censura que Morena ha ido perfeccionando en varios estados del país. Campeche, bajo el mando de Layda Sansores, se ha convertido en el laboratorio más visible —y más burdo— de esa maquinaria para acallar voces críticas disfrazando la censura de “protección contra la violencia de género”.

El caso es contundente por lo absurdo: Sansores acusa a un periodista retirado de 72 años, que apenas conduce un programa de radio local, de incitar al odio y provocar “daño psicológico” mediante columnas críticas. No hay peritajes sólidos, no hay pruebas directas, no hay causalidad clara. Lo que sí hay es un uso político del Poder Judicial para castigar la disidencia. El mensaje es directo: criticar a la gobernadora sale caro.

Las medidas cautelares impuestas desde junio son, por sí solas, el retrato de un autoritarismo sin pudor: cierre del sitio web de Tribuna, prohibición de ejercer el periodismo por dos años, supervisión previa de todo contenido que mencione a Sansores y vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A eso se suma el embargo de bienes y una indemnización millonaria que asfixia económica y profesionalmente a González. Esto no es seguridad, no es justicia: es un bozal judicial.

Las organizaciones internacionales como Artículo 19, la Alianza de Medios MX y especialistas en derechos humanos coinciden en que estas medidas violan abiertamente los artículos 6 y 7 constitucionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero en Campeche, las advertencias legales se estrellan contra una red institucional dócil que opera al ritmo de los intereses políticos de la gobernadora.

¿Por qué tanta furia desde Palacio de Gobierno? La respuesta no está en el género ni en la protección a las mujeres, sino en el costo político de la crítica. Sansores llega a finales de 2025 con una desaprobación del 53 %, golpeada por escándalos de viajes internacionales en plena austeridad, irregularidades en el DIF estatal, opacidad en seguridad y un deterioro general de sus indicadores de gobierno. Tribuna fue uno de los pocos medios que se negó a guardar silencio y que publicó editoriales que incomodaban, que señalaban abusos y que le recordaban a la mandataria que el poder necesita límites.

Pero el de Campeche no es el único un caso: es un síntoma de un proyecto político que, desde el discurso, presume “transformación”, pero en la práctica tolera —y a veces incentiva— la judicialización de la crítica. Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco: en todos han aparecido déjà-vus de esta misma táctica. Demandas por daño moral, acusaciones por “incitación al odio”, proyectos de leyes mordaza y presiones directas desde áreas de comunicación social. No es una coincidencia, sino una estrategia.

Si hoy la jueza decide vincular a proceso a González y a Tribuna, Morena habrá ganado más que una batalla local: habrá sentado un precedente perverso que otros gobernadores ya miran con interés. Porque si una mandataria estatal puede silenciar a un medio completo sin evidencia contundente, cualquiera puede intentarlo. Y si un periodista jubilado puede ser castigado por columnas que ni siquiera firmó, nadie está a salvo.

Y aquí está el punto central: en una democracia, los funcionarios públicos —todos, sin excepción— están obligados a tolerar un nivel de escrutinio mayor. Eso lo han establecido la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es opcional, no es subjetivo, no es negociable. El poder se fiscaliza; esa es la regla. Y cuando quienes gobiernan pretenden reinterpretarla para su conveniencia, el riesgo ya no es para un periodista o un medio: es para toda la ciudadanía.

Lo que ocurre en Campeche no es protección a la dignidad de una gobernadora: es un autoritarismo maquillado. Es el uso del feminismo como escudo político. Es la transformación convertida en un dogma que no admite crítica. Es la advertencia de que la libertad de expresión puede ser destruida, no con balas, sino con expedientes judiciales.

México no necesita gobernantes intocables ni jueces dóciles: necesita políticos que entiendan que la crítica es la esencia del debate público. Si alguien entra a la política esperando aplausos, obediencia y silencio, eligió la profesión equivocada. La crítica —a veces dura, incómoda o injusta— es el precio de entrada al servicio público. Y si no la soportan, siempre hay una salida muy sencilla: renunciar.

Mientras tanto, el caso de hoy en Campeche es una prueba de fuego para la libertad de prensa en México. Si se consuma la censura, se abrirá una puerta peligrosa para quienes ven en la crítica no un derecho, sino un estorbo. Si se evita, será una señal de que todavía existen contrapesos dispuestos a defender las libertades esenciales.

Pero algo es claro: la batalla ya no es solo por Tribuna o por un periodista veterano. Es por el derecho de todos a cuestionar al poder sin miedo a que una demanda penal los silencie. Y esa es una lucha que México no puede permitirse perder.