POLÍTICA EXPRÉS | * Matar al mensajero jamás cambiará la verdad ni frenará la exigencia de justicia
El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, perpetrado mientras desayunaba en San Pablo Etla el 22 de julio de 2026, constituye un atentado frontal contra la libertad de expresión. No solo arrebató la vida de un comunicador crítico, sino que envió un mensaje de intimidación a quienes ejercen el periodismo de investigación en Oaxaca.
Desde su videocolumna El Zumbido del Moscardón y sus espacios en redes sociales, Leyva construyó una trayectoria caracterizada por la denuncia de presuntos actos de corrupción, abusos de poder y vínculos entre política y criminalidad. Su homicidio, séptimo de un periodista registrado en México durante este año, confirma que informar continúa siendo una actividad de alto riesgo.
En su último mensaje público, el comunicador formuló señalamientos sobre presiones políticas que, según su versión, enfrentaba el gobernador Salomón Jara. También mencionó a diversos actores políticos y empresariales, además de referirse a presuntos vínculos con grupos delictivos. Esas afirmaciones, independientemente de su eventual comprobación, forman parte del contexto que las autoridades están obligadas a investigar.
Leyva incluso relató un supuesto episodio en el que integrantes del crimen organizado habrían presionado al mandatario estatal para favorecer determinados intereses políticos. Días después de difundir esas versiones, fue asesinado. La proximidad temporal entre sus declaraciones y el crimen no constituye una prueba, pero sí una circunstancia que exige una investigación exhaustiva, objetiva e independiente.
El homicidio trasciende la tragedia individual. Ataca el derecho colectivo de la sociedad a recibir información y profundiza la percepción de inseguridad en Oaxaca. Cuando un periodista es asesinado por su posible labor informativa, la democracia pierde una de sus herramientas esenciales de vigilancia sobre el ejercicio del poder y la rendición de cuentas.
La principal obligación de las autoridades consiste en agotar todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actividad periodística de la víctima, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección a periodistas. Ninguna hipótesis debe descartarse anticipadamente ni subordinarse a intereses políticos o institucionales que comprometan la credibilidad del proceso.
El esclarecimiento del caso requiere seguir el rastro de las comunicaciones, los movimientos financieros, las grabaciones de videovigilancia, la motocicleta utilizada por los agresores, la geolocalización de posibles implicados y todos los elementos periciales disponibles. La investigación debe sustentarse en evidencia verificable, no en especulaciones ni en conclusiones apresuradas.
La impunidad en los asesinatos de periodistas ha sido uno de los mayores incentivos para la repetición de estos crímenes. Cada expediente sin resolver fortalece la convicción de que silenciar una voz crítica puede quedar sin consecuencias. Romper ese ciclo demanda investigaciones profesionales, fiscales autónomos y sentencias sustentadas en pruebas sólidas.
Más allá de las responsabilidades penales que eventualmente se determinen, este asesinato obliga a una profunda reflexión sobre las condiciones en que ejercen los periodistas en Oaxaca. Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática cuando informar con independencia implica enfrentar amenazas, persecución o el riesgo permanente de perder la vida.
La memoria de Alejandro Leyva solo encontrará verdadero homenaje cuando prevalezcan la verdad, la justicia y la transparencia. Matar al mensajero jamás modifica los hechos ni desaparece la realidad. Lo único que consigue es exhibir la fragilidad del Estado de derecho y reforzar la obligación colectiva de defender la libertad de expresión.
