POLÍTICA EXPRÉS | * La regresión en la reforma a la Ley de Amparo: un golpe a la defensa ciudadana
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, marca una regresión histórica en la protección de los derechos humanos en México. Al restringir suspensiones provisionales y endurecer los criterios de acceso, debilita un instrumento esencial contra los abusos del poder público.
Aunque el 8 de octubre se eliminó la retroactividad, el daño jurídico y simbólico persiste. La modificación coloca la “eficiencia procesal” por encima de la justicia efectiva, restando fuerza a una herramienta histórica que durante décadas permitió frenar actos de autoridad contrarios a la Constitución.
Uno de los cambios más controvertidos redefine el concepto de “interés legítimo”. Ahora exige demostrar daños “individuales o colectivos, reales y diferenciados”, lo que complica la defensa de comunidades vulnerables. Grupos indígenas, ambientalistas o vecinos afectados por obras públicas enfrentarán mayores obstáculos para acceder a la justicia.
La prohibición de suspensiones restitutorias en casos de prisión preventiva oficiosa afecta a más de 40 mil personas en México. Esta medida anula avances jurisprudenciales logrados desde 2021, y revive prácticas de detención arbitraria, contrarias al principio pro persona consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.
Para el ciudadano común, esta reforma significa quedar más expuesto ante actos inconstitucionales sin remedio inmediato. Pérdidas ambientales, abusos de autoridad o restricciones a la libertad personal podrían quedar sin reparación mientras se resuelve el juicio de amparo, perpetuando la impunidad y la desigualdad jurídica.
La reforma también abre un margen peligroso al incumplimiento de sentencias por parte de las autoridades. Aunque elimina la “imposibilidad jurídica” para acatar fallos, carece de mecanismos eficaces de reparación. La desobediencia institucional, ya normalizada en otras reformas, se afianza como práctica tolerada.
Estas limitaciones erosionan los contrapesos democráticos y acercan a México a un modelo de autoritarismo constitucional. Contradicen compromisos internacionales como el Pacto de San José, que exige recursos judiciales efectivos ante violaciones de derechos. El discurso progresista del gobierno contrasta con esta regresión institucional.
No obstante, la reforma incorpora aspectos tecnológicos positivos. Impulsa juicios en línea, elimina expedientes físicos y fomenta la litigación electrónica. Si se implementa correctamente, este proceso podría reducir burocracia, acelerar tiempos judiciales y mejorar la transparencia, siempre que el Poder Judicial cuente con recursos adecuados.
Otra mejora es la reducción de plazos y la obligación de publicar sentencias con votos particulares. Esta medida combate prácticas abusivas, como el “amparo sobre amparo” usado por evasores fiscales, y puede descongestionar tribunales, fortaleciendo la confianza pública en la justicia.
Para equilibrar avances y retrocesos, expertos en la
materia proponen crear el Sistema de Amparo Asistido por IA Predictiva y Transparente (SAIPT). Este sistema, integrado al portal judicial, emplearía inteligencia artificial para asistir a los ciudadanos en la presentación de demandas, evaluar su viabilidad y garantizar imparcialidad mediante auditorías éticas y trazabilidad en blockchain.
Con una supervisión humana y un enfoque incluyente —multilingüe y gratuito—, el SAIPT democratizaría el acceso al amparo y reduciría cargas administrativas. México podría así transformar una reforma regresiva en una oportunidad para modernizar la justicia, haciéndola más equitativa, transparente y blindada contra el autoritarismo.
Ilustración: Letras Libres
