POLÍTICA EXPRÉS | *La nueva Corte, Sheinbaum y los jueces sin rostro: entre democracia simulada y retroceso judicial

POLÍTICA EXPRÉS | *La nueva Corte, Sheinbaum y los jueces sin rostro: entre democracia simulada y retroceso judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia una nueva etapa bajo un modelo inédito: ministros electos por voto popular. Lo que se anuncia como democratización de la justicia luce, en la práctica, como una captura política del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y el partido oficial.

La reducción de once a nueve ministros y la llegada de seis perfiles sin experiencia judicial evidencian un giro preocupante. La mayoría con vínculos abiertos con Morena coloca en entredicho la independencia de la Corte. Se cumple la promesa de cambiar, pero no necesariamente para garantizar justicia imparcial.

El nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, representa un símbolo poderoso al ser un abogado mixteco defensor de comunidades indígenas. Sin embargo, su inexperiencia judicial cuestiona su capacidad técnica para encabezar el tribunal más importante del país. La legitimidad popular no sustituye la preparación profesional.

Sheinbaum respalda este nuevo modelo con iniciativas legislativas que amplían el catálogo de prisión preventiva oficiosa, fortalecen detenciones en flagrancia y, sobre todo, institucionalizan la figura de los “jueces sin rostro”. Medidas que, bajo el discurso de seguridad, ponen en jaque derechos humanos básicos y principios elementales de transparencia judicial.

El anonimato de los jueces podría protegerlos del crimen organizado, pero también abre la puerta al abuso político. Sin rostro ni identidad, la rendición de cuentas desaparece. Un juez que no puede ser cuestionado por las partes ni reconocido públicamente es, en esencia, un juez sin control democrático.

La experiencia internacional advierte los riesgos. En países como Perú y Colombia, esta figura terminó usándose como arma política para perseguir disidentes y opositores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: el anonimato en la función judicial vulnera el derecho a un juicio independiente e imparcial.

Resulta paradójico que en México exista desde 2012 una ley para proteger a quienes participan en procesos penales, incluida la judicatura. En lugar de fortalecer su implementación, el gobierno opta por el camino fácil: ocultar jueces. Una decisión que abdica de la obligación estatal de garantizar condiciones seguras.

La baja participación electoral en la elección de jueces —apenas 13%— refleja más apatía que entusiasmo popular. Si la justicia se vuelve un concurso de popularidad sin interés ciudadano, el riesgo es que terminen elegidos aquellos con mayor propaganda partidista, no los más capaces ni los más íntegros.

En este contexto, la SCJN se inaugura como un órgano debilitado, con ministros cercanos al poder político y sometido a nuevas leyes que amplían las facultades del Estado para castigar. Se habla de justicia cercana al pueblo, pero lo que asoma es un aparato judicial dócil y controlado.

México se juega en esta reforma más que la integración de la Corte: su compromiso con el Estado de derecho. La democracia no se construye con urnas manipuladas ni jueces anónimos. Se construye con instituciones fuertes, independientes y transparentes. Hoy, lamentablemente, la justicia mexicana inicia su etapa más frágil.

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