POLÍTICA EXPRÉS | * La impunidad reina: agresiones contra periodistas en Oaxaca bajo Salomón Jara
En Oaxaca, ser periodista implica riesgo constante, especialmente bajo la administración de Salomón Jara. Las agresiones han aumentado y la respuesta oficial ha sido el silencio o la evasión. A nadie parece importarle la libertad de expresión cuando esta incomoda al poder.
Durante este sexenio, periodistas han sido golpeados, amenazados, hostigados judicialmente e incluso desplazados. Sin embargo, ninguna autoridad ha actuado con seriedad para investigar o sancionar a los responsables. La impunidad es absoluta, y con ella se consolida un régimen que ve a la prensa libre como enemiga.
De acuerdo con Artículo 19, solo en 2024 se registraron un total de 20 ataques. Estas agresiones se manifestaron tanto en el ámbito físico como digital, con intimidación, hostigamiento, y uso ilegítimo del poder público como las formas más comunes.
Organismos defensores de derechos humanos han documentado múltiples hechos de violencia contra periodistas. A pesar de ello, el gobernador Salomón Jara evade responsabilidades y sus funcionarios minimizan la situación. Mientras tanto, medios críticos enfrentan campañas de desprestigio, restricciones publicitarias o agresiones físicas sin consecuencias para los perpetradores.
El aparato estatal, lejos de garantizar condiciones para el ejercicio periodístico, se ha convertido en cómplice de los agresores. Las fiscalías omisas, el Mecanismo de Protección inoperante y la indiferencia del Congreso local confirman que no hay voluntad para frenar la violencia contra la prensa.
Casos emblemáticos como los ataques durante coberturas de protestas, o las amenazas contra periodistas que investigan corrupción, siguen impunes. No se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática de asfixia a la crítica y control del discurso público.
A nadie se le sanciona, a nadie se le investiga con seriedad. Por el contrario, se premia la complicidad y se castiga la disidencia. Quienes intentan documentar los excesos del poder deben hacerlo sin garantías, confiando solo en su integridad y en la solidaridad ciudadana.
El gobierno de Salomón Jara llegó con la promesa de cambio, pero en el caso de la prensa, solo ha profundizado las prácticas más autoritarias. La opacidad, la censura indirecta y la criminalización del periodismo se han vuelto moneda corriente en Oaxaca.
El silencio oficial es un mensaje: quien cuestione al poder, enfrentará represalias. Esta lógica perversa no solo vulnera a periodistas, sino a la sociedad entera, pues sin prensa libre no hay democracia, no hay rendición de cuentas y no hay verdad posible.
Es urgente que organismos nacionales e internacionales presionen al Estado mexicano para revertir esta tendencia. Oaxaca no puede seguir siendo un territorio de riesgo para quienes ejercen el periodismo con valentía. La impunidad debe romperse antes de que sea demasiado tarde.
Defender a la prensa es defender el derecho de la sociedad a estar informada. Si el gobierno de Salomón Jara no puede o no quiere garantizar ese derecho, está fallando en lo esencial. La historia juzgará su complicidad con la violencia y el silencio.
