POLÍTICA EXPRÉS | * La ilusión del mérito: pobreza y programas sociales en Oaxaca
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara busca capitalizar la narrativa de que su gobierno ha “reducido la pobreza”. Con una realidad oaxaqueña que lo contradice y un gobierno sin resultados, intenta posicionarse como el artífice del supuesto avance reportado por el INEGI, ignorando el papel crucial de los programas sociales federales.
El programa 65 y más, creado en 2001 y que se denominó “Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años”, destinado a otorgar pensiones a adultos mayores, ha sido el único y la verdadera palanca económica para millones de oaxaqueños, de acuerdo con el Coneval.
Sus transferencias directas han permitido que las familias cubran necesidades básicas, desde alimentación hasta medicinas, generando un efecto positivo en la economía local que no puede atribuirse al gobierno estatal.
La estrategia de Jara se basa en la falta de información de la población. Muchos beneficiarios desconocen que los recursos provienen del gobierno federal, lo que facilita que se presente cualquier mejora como mérito del ejecutivo estatal. La desinformación, entonces, se convierte en herramienta política.
Esta narrativa distrae de un problema estructural: la dependencia de programas asistenciales. Aunque las transferencias monetarias alivian necesidades inmediatas, no resuelven la falta de empleo formal, la baja productividad ni las deficiencias educativas que perpetúan la pobreza en Oaxaca, en lo cual el gobierno de Jara está reprobado.
Expertos señalan que el impacto real de 65 y más supera exponencialmente cualquier programa estatal. Su diseño efectivo permite un flujo constante de recursos hacia las familias más vulnerables, creando un efecto multiplicador en comercios locales y garantizando estabilidad mínima frente a la inflación y la incertidumbre económica.
El supuesto mérito del gobierno estatal, entonces, se vuelve un embuste monumental. Las políticas locales no han generado cambios estructurales significativos; las cifras de pobreza solo reflejan, en gran medida, la intervención federal. Presentarlas como logro propio es una exageración política.
La percepción de éxito gubernamental se alimenta también de campañas de comunicación masiva. Redes sociales, medios locales y actos públicos sirven para reforzar la idea de que Oaxaca avanza gracias a decisiones estatales, aunque la evidencia empírica indique que la contribución directa es mínima frente al esfuerzo federal.
Medir los logros de un gobierno requiere más que estadísticas. Es necesario evaluar la sostenibilidad de las mejoras: si los programas estatales generan oportunidades productivas y empleo, o si solo reproducen la dependencia de subsidios sin visión de desarrollo a largo plazo.
La población merece transparencia. Reconocer el origen de los recursos no desmerece la gestión estatal, sino que permite un debate informado sobre cómo complementar los programas federales con estrategias locales eficaces, orientadas a educación, infraestructura y generación de empleo, áreas que realmente pueden transformar la vida de los oaxaqueños.
Atribuirse logros que no son propios puede ser políticamente rentable a corto plazo, pero erosiona la confianza ciudadana. Oaxaca necesita gobiernos que trabajen con claridad y honestidad, priorizando resultados tangibles sobre la ilusión de éxito, y no simples relatos que confunden mérito con oportunismo político.
