POLÍTICA EXPRÉS | * La Corte contra sí misma: el fin de la justicia constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra al borde de una peligrosa regresión institucional. Bajo el pretexto de “revisar” sentencias dictadas por sus antecesores, los ministros actuales podrían romper uno de los pilares más sagrados del derecho: la cosa juzgada.
Si el Pleno decide reabrir fallos firmes de las antiguas Salas, la Corte dejará de ser el tribunal constitucional que garantiza la estabilidad jurídica y se convertirá en un tribunal de apelación de sí misma. Esta decisión representaría una fractura sin precedentes en la historia del Poder Judicial mexicano.
El caso que motiva esta tentación autoritaria —la revisión de la liberación de Juana Hilda González, víctima de tortura reconocida por la propia Corte— exhibe la presión política que hoy asfixia a la justicia. No es la verdad jurídica lo que se busca, sino satisfacer exigencias de la Fiscalía.
La propuesta vulnera la Constitución. Ningún tribunal supremo puede reabrir sentencias firmes sin violar el principio de certeza jurídica. La cosa juzgada existe precisamente para proteger a la ciudadanía del vaivén del poder y de la manipulación política de los procesos judiciales.
Si la Corte se permite corregir lo que sus antecesores decidieron, el Estado de Derecho se desmorona. Las resoluciones dejarán de ser definitivas, y cualquier persona liberada legalmente podría volver a prisión por decisión política disfrazada de revisión judicial.
Lo más grave es que esta pretensión no nace de un debate jurídico legítimo, sino de una estrategia política para congraciarse con el Ejecutivo y la Fiscalía. La independencia judicial, ya erosionada, se hundiría en un pantano de sumisión institucional.
Una Corte que se reescribe destruye su propia autoridad moral. Cada sentencia que revisa sin base legal mina la confianza ciudadana en la justicia. La sociedad mexicana no necesita jueces que teman al poder, sino ministros que lo limiten con firmeza y dignidad constitucional.
El precedente sería devastador: cualquier gobierno futuro podría presionar a la Corte para “revisar” decisiones incómodas. Ninguna libertad ni derecho adquirido estaría a salvo. La justicia se volvería una herramienta política y no un límite contra los abusos del Estado.
La Corte debe recordar que su fuerza proviene de la estabilidad de sus decisiones, no de la conveniencia del momento. Renunciar a ese principio equivale a renunciar a su razón de existir como tribunal constitucional y como último garante de los derechos fundamentales.
Si hoy se reabre lo juzgado, mañana se desmoronará la justicia. México no necesita una Corte obediente, sino una Corte valiente que respete la ley, incluso cuando el poder la presione. Porque cuando la justicia se somete, el país entero pierde su libertad.
