POLÍTICA EXPRÉS | * La cadena de omisiones que allanaron el camino hacia el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar
El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar no puede reducirse al acto criminal de quienes dispararon. También representa el fracaso de un aparato institucional que conocía las amenazas, recibió denuncias y tuvo oportunidades para intervenir. La tragedia exhibe cómo la indiferencia, la descoordinación y la negligencia oficial terminaron facilitando un desenlace irreversible y profundamente alarmante.
Cuando un periodista denuncia amenazas, el Estado asume un deber reforzado de protección. Esa obligación no corresponde únicamente a una dependencia, sino a todas las instituciones encargadas de prevenir riesgos. Cada autoridad debía actuar con oportunidad, compartir información y coordinar esfuerzos. Nada de eso ocurrió con la eficacia que el caso exigía.
La Secretaría de Gobierno, a cargo de Jesús Romero López, ocupa un lugar central dentro de esta cadena de responsabilidades. Como coordinadora del gabinete de seguridad, tenía el deber político e institucional de convocar a las dependencias involucradas, supervisar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar que un caso de alto riesgo quedara atrapado entre trámites, oficios y burocracia.
Las amenazas contra Alejandro Leyva Aguilar no eran desconocidas. Existían denuncias, solicitudes de protección y advertencias formuladas por organismos defensores de derechos humanos. Además, el periodista señaló públicamente a personajes vinculados con el poder político. Ese contexto obligaba a una reacción inmediata, extraordinaria y coordinada para impedir que el riesgo escalara fatalmente.
La Fiscalía General del Estado también deberá explicar por qué las denuncias no derivaron en acciones eficaces para proteger a la víctima. La imposibilidad de localizar oportunamente una carpeta relacionada con amenazas y las deficiencias investigadoras revelan fallas gravísimas que trascienden errores administrativos y ameritan responsabilidades plenamente identificadas y sancionadas por la ley.
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas enfrenta cuestionamientos igualmente severos. Su razón de existir consiste precisamente en evitar que amenazas previamente denunciadas culminen en asesinatos. Si las medidas solicitadas nunca llegaron o resultaron insuficientes, corresponde esclarecer quién incumplió sus obligaciones legales y por qué.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca documentó requerimientos y emitió solicitudes dirigidas a diversas autoridades. Si esas alertas fueron ignoradas, minimizadas o quedaron archivadas sin respuesta efectiva, resulta indispensable determinar quién permitió que las advertencias institucionales perdieran toda capacidad preventiva antes del homicidio del comunicador.
Ninguna autoridad puede refugiarse detrás del argumento de que otra dependencia era competente. Precisamente para evitar esos vacíos institucionales existe una coordinación gubernamental encargada de articular respuestas. Cuando esa conducción fracasa, la responsabilidad política alcanza a quienes debían garantizar que todas las instituciones actuaran oportunamente para proteger una vida amenazada.
Si las investigaciones acreditan únicamente negligencia, deberán imponerse sanciones administrativas ejemplares. Pero si se demuestra que existió inacción deliberada, indiferencia consciente u obstaculización frente al riesgo conocido, las consecuencias no pueden limitarse al ámbito político. También deberán establecerse responsabilidades penales contra quienes incumplieron dolosamente sus deberes públicos y constitucionales.
La investigación de la Fiscalía General de la República debe esclarecer tanto la responsabilidad de los autores materiales como la posible responsabilidad de servidores públicos cuyas omisiones facilitaron el crimen. La memoria de Alejandro Leyva Aguilar exige una verdad completa. Sin sanciones para todas las responsabilidades, la justicia seguirá siendo incompleta e insuficiente.
