POLÍTICA EXPRÉS | Juchitán enfrenta una crisis que obliga a revisar Ayuntamiento, policía y redes de protección

Juchitán de Zaragoza, municipio del Istmo oaxaqueño, enfrenta una crisis institucional que, según las investigaciones, alcanzó al aparato de seguridad. La detención de Miguel Sánchez Altamirano y del exmando policial señalado por proteger al grupo delincuencial Los Cromos obliga a discutir si puede continuar intacta la estructura municipal, mientras la ciudad necesita recuperar autoridad, servicios y controles efectivos.

Las autoridades federales señalan a Sánchez Altamirano por presuntos vínculos con Los Cromos, organización delictiva relacionada con el CJNG, y por facilitar cobertura política, económica y acceso al C2 municipal. Son imputaciones que deberán probarse judicialmente, pero su gravedad cambia la dimensión del problema: ya no parece limitarse exclusivamente al alcalde.

El dato más delicado apareció después: fue detenido Jhon Keny Segura Moreno, excomisionado de la Policía Municipal, señalado por la Fiscalía de brindar protección a Los Cromos. Una acusación semejante coloca bajo escrutinio a la corporación completa, porque compromete precisamente la institución encargada de impedir que delincuentes controlen territorio local.

La propia reacción policial tras la captura de Sánchez Altamirano profundizó las dudas. Integrantes de la corporación intentaron impedir su traslado, mientras fuerzas estatales y federales asumieron posteriormente la seguridad municipal. Si agentes actuaron para obstaculizar un operativo contra autoridades investigadas, la cadena de mando quedó seriamente cuestionada internamente.

Tampoco existe una sucesión municipal funcional. Mariano Rosado López, suplente del alcalde, no ha asumido el cargo, tiene orden de aprehensión, su domicilio fue cateado y se le considera prófugo. El Cabildo tampoco ha mostrado capacidad ordinaria para recomponer el gobierno. La acefalía, por sí misma, convierte la continuidad institucional en un problema real.

Por eso la discusión sobre desaparecer el Ayuntamiento no puede reducirse a una disputa partidista. La Ley Orgánica Municipal contempla mecanismos de desaparición cuando existen circunstancias graves que impiden el funcionamiento institucional. El Congreso debe determinar, con pruebas y procedimiento, si Juchitán encuadra en esas causas extraordinarias y constitucionalmente válidas.

Hay, sin embargo, una advertencia indispensable: desaparecer poderes no equivale automáticamente a limpiar la administración. Un administrador designado temporalmente también puede concentrar recursos, obra pública, seguridad y decisiones políticas. La medida solo tendría sentido institucional si incluye controles, auditorías, depuración administrativa y transparencia sobre cada decisión durante la transición pública.

Con la policía ocurre algo distinto. No basta cambiar al comisionado si existen elementos para investigar posibles complicidades dentro de la corporación. Una depuración individual, evaluaciones de confianza, revisión de expedientes y separación de quienes resulten comprometidos permitirían distinguir responsabilidades. Disolverla y reconstruirla exige sustento legal, evidencia y controles externos.

La pregunta central, entonces, no es quién sustituirá a Sánchez Altamirano, sino qué institución puede garantizar seguridad, servicios y recursos sin reproducir las redes investigadas. Si el problema alcanzó gobierno, policía y sistemas de vigilancia, una simple sucesión podría preservar estructuras cuestionadas. Esa posibilidad merece escrutinio público riguroso de seguridad.

Juchitán necesita recuperar autoridad, pero también preservar derechos, debido proceso y autonomía municipal. El Congreso debe valorar las pruebas, escuchar las partes y justificar cualquier decisión. Si se confirma la infiltración del crimen organizado, deberá establecer una transición con vigilancia pública; si no, tendrá que explicar cómo evitar que el mismo circuito continúe.