POLÍTICA EXPRÉS | * Gobernador Jara pervierte la revocación de mandato y convierte el proceso ciudadano en ratificación artificial
Salomón Jara Cruz ha decidido convertir la primera revocación de mandato de un gobernador en México en un ejercicio profundamente distorsionado. Desde que anunció su intención de someterse a este mecanismo, buscó más agradar al expresidente López Obrador que rendir cuentas a los oaxaqueños, utilizando la consulta como un acto de lealtad política.
La bajísima votación con la que llegó al poder —menos del 30 por ciento del padrón— fue un rechazo silencioso a su figura y a una elección dominada por candidatos sin arrastre social. En lugar de enfrentar ese origen débil, Jara convirtió la revocación en un instrumento para fabricar una legitimidad que las urnas nunca le dieron.
Su verdadera motivación no ha sido ser evaluado, sino ratificado. Para ello ha desplegado la estructura de Morena y se ha apoyado en los 570 alcaldes de la entidad, a quienes promete obras y recursos del presupuesto 2026. Así, el proceso se desvió de inmediato del espíritu ciudadano que lo justifica.
El mecanismo de revocación exige independencia absoluta de partidos y gobiernos, pero el gobernador ha contaminado cada fase. La ley oaxaqueña establece que la participación debe ser impulsada únicamente por promoventes ciudadanos, pero la maquinaria estatal ha intervenido abiertamente, con operadores, programas sociales y funcionarios comisionados para recolectar firmas.
La propaganda oficializada agrava la intervención. Anuncios pagados con recursos públicos, como los difundidos bajo el sello “Salomón lo hizo”, violan el principio constitucional de imparcialidad. Convertir un ejercicio de control democrático en una campaña publicitaria financiada por el erario traiciona el sentido de la participación ciudadana y distorsiona la voluntad popular.
El comité “Que siga la primavera”, presentado como plataforma ciudadana, funciona en realidad como brazo propagandístico del gobierno estatal. Sus brigadas, sincronizadas con mensajes de diputadas morenistas, operan como estructura paralela para promover la continuidad del gobernador, difuminando los límites entre activismo legítimo e intervención institucional disfrazada.
Aunque el TEPJF validó el proceso, no evaluó el uso de recursos públicos, dejando abierta una zona gris que podría derrumbar la consulta en tribunales. La sentencia reciente de la Suprema Corte, que anuló reformas para acelerar plazos, evidencia que el gobierno estatal ha buscado manipular la ruta legal para su conveniencia.
Más allá de la legalidad, el problema es moral. La revocación de mandato pretende empoderar al pueblo, no fortalecer cacicazgos modernos. Cuando un gobernador utiliza fondos públicos para inducir el voto y presiona mediante programas sociales, el ejercicio pierde legitimidad y se transforma en una simulación disfrazada de democracia participativa.
Oaxaca, con su historia de movimientos sociales y resistencia cívica, merece procesos limpios que fortalezcan la confianza ciudadana, no mecanismos secuestrados para fabricar aplausos oficiales. La intervención abierta de Morena, la propaganda institucional y la cooptación de autoridades municipales evidencian que el objetivo nunca fue la rendición de cuentas.
Si esta revocación termina convertida en ratificación manipulada, el daño no será solo para la oposición, sino para la ciudadanía que verá cómo un instrumento creado para limitar el poder se usa para perpetuarlo. Oaxaca pierde una oportunidad histórica y confirma que, bajo Jara, la “primavera” es autopropaganda.
