POLÍTICA EXPRÉS | * El vacío que dejó el Fonden: cuando la austeridad castiga a los damnificados
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2021 fue presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una cruzada contra la corrupción. Sin embargo, la eliminación del fideicomiso dejó al país sin un instrumento eficaz para atender emergencias, sustituyéndolo por un esquema centralizado e ineficiente.
El Fonden, aunque imperfecto, garantizaba rapidez en la respuesta ante huracanes, sismos o inundaciones. Hoy, los apoyos dependen de censos lentos, trámites en Hacienda y decisiones políticas que llegan tarde. En el intento de acabar con la opacidad, se sacrificó la agilidad y se condenó a miles de familias a esperar ayuda que nunca llega.
En Oaxaca, tras el paso del huracán Ágatha en 2022, los damnificados aún viven sus secuelas y aún esperan que se cumplan las promesas. El gobierno anunció mil 200 millones de pesos en apoyos, pero tres años después, comunidades indígenas siguen sin reconstrucción ni compensaciones agrícolas. Los censos del Bienestar fueron incompletos, dejando fuera a cientos de familias.
El huracán Otis, en 2023, repitió la historia. La devastación en Acapulco y Coyuca de Benítez reveló el fracaso del modelo post-Fonden. Pese a los 21 mil millones de pesos prometidos, a mediados de 2025 miles de afectados siguen padeciendo por falta de servicios básicos y esperando el apoyo prometido, mientras se cuestiona el uso electoral de los recursos.
La ausencia de un fondo especializado convierte cada desastre en un laberinto burocrático. Los damnificados deben esperar censos, verificaciones y liberación de partidas. Mientras tanto, la reconstrucción se detiene, la pobreza crece y la indignación se multiplica. El Estado parece más preocupado por justificar su austeridad que por atender la emergencia.
Ahora, en 2025, las lluvias extraordinarias en Veracruz, Puebla e Hidalgo confirman el desastre administrativo. Con más de 60 muertos y decenas de desaparecidos, la respuesta federal vuelve a depender de Hacienda. El costo de haber eliminado al Fonden se mide en vidas, en hambre y en desesperación.
El discurso oficial insiste en que el nuevo sistema es más “transparente”, pero la realidad lo desmiente. Las demoras, exclusiones y duplicidades muestran que la centralización no garantiza eficiencia. Sin un fondo dedicado, los recursos se diluyen entre megaproyectos, dejando a los más vulnerables sin protección.
Cada huracán y cada inundación exponen un patrón: el gobierno reacciona, promete y olvida. El cambio climático multiplica los riesgos, pero México enfrenta los desastres con mecanismos improvisados. No basta la buena voluntad; se necesita estructura, planeación y un fondo blindado contra la corrupción y la negligencia.
La confianza ciudadana se erosiona cuando las promesas de ayuda se incumplen. Los damnificados de Ágatha, Otis y las recientes lluvias son prueba de que la austeridad, mal entendida, puede ser tan destructiva como un huracán. La justicia social empieza por responder con rapidez ante la tragedia.
México necesita recuperar un instrumento similar al Fonden: ágil, transparente y con reglas claras. No se trata de revivir vicios, sino de construir soluciones que prioricen la vida sobre la ideología. Mientras los recursos sigan atados a la burocracia, los desastres naturales seguirán convirtiéndose en desastres humanos.
